El pasado 28 de mayo, Álvaro García Linera, Presidente en
ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgó la nueva Ley de Minería
y Metalurgia en la ciudad de Oruro. En el acto Linera recordó a los presentes,
en su mayoría mineros, que “Bolivia fue minera, es minera y seguirá siendo
minera”.
Fuentes oficiales señalan que la Cámara de Senadores hizo
modificaciones a 70 artículos después de la presión ejercida por los
cooperativistas mineros. Sin embargo, se denuncia que esta norma contradice lo
establecido en la Constitución Política de Estado en varios artículos sobre el
cuidado del agua y la naturaleza, e incluso desconoce normativas
internacionales como el Convenio 189 de la OIT, como es el derecho a la
consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. La norma indica que todos los contratos serán
aprobados por la Asamblea Plurinacional y se anunció que están en espera 1.500
nuevos contratos mineros (Fundación Solón).
García Linera promulga la nueva Ley Minera que fomenta la iniciativa
privada y deja pendiente el régimen impositivo
Enviado X Iván Fernando Lahor/
El Estado boliviano cederá yacimientos ricos a los cooperativistas
El gobierno boliviano promulgó la
nueva Ley de Minería y Metalurgia que reconoce como actores mineros al sector
privado, estatal y cooperativista. El presidente en ejercicio Álvaro García
Linera anunció que “el Estado no va a ocupar toda la minería” y los
cooperativistas, que producían en áreas marginales, a partir de ahora accederán
a yacimientos importantes y ricos.
nueva Ley de Minería y Metalurgia consta de siete
títulos: Disposiciones Generales, estructura del sector minero estatal,
derechos mineros y extinción, contratos mineros y licencia de prospección y
explotación, régimen de adecuaciones, consulta previa en materia minera,
régimen regulatorio minero; 31 capítulos distribuidos en 234 artículos, además
de cuatro disposiciones transitorias, tres finales y tres abrogatorias y
derogatorias.
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley Minera
con aproximadamente 70 artículos modificados. Entre las modificaciones más
importantes está la suscripción de contratos, que por Constitución pasan por la
Asamblea Legislativa Plurinacional. También fue modificado el artículo 151, referido
a Contratos de Cooperativas Mineras, que ahora establece que “las cooperativas
mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean
estas nacionales o extranjeras”.
También el parágrafo II del mismo artículo establece: “en caso
de avenirse a lo dispuesto en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo
351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas
con el Estado a través de Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a cuyo
efecto, adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las
empresas mixtas”.
La norma también dispone la adecuación de las ex concesiones
mineras, hoy denominadas ATEs, a contrato administrativo minero a suscribirse
por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación
del Estado como la entidad autárquica encargada de la otorgación,
reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así
como de los procedimientos establecidos. Las atribuciones y competencias sobre
el control y fiscalización de las actividades mineras corresponden al
Ministerio de Minería y Metalurgia como institución pública del Órgano
Ejecutivo.
La Ley de Minería y Metalurgia autoriza la reversión de
yacimientos mineros a favor del Estado si después de dos años de acceder al
área minera se verifica el incumplimiento del plan de inversiones comprometido,
informó el ministro de Minería César Navarro. Con esa iniciativa se busca
evitar la existencia de concesiones mineras ociosas en el país y el irresponsable
aprovechamiento de personas que sólo poseen yacimientos para alquilarlos y no
trabajarlos.
El ministro Navarro explicó que la reversión de los
yacimientos ociosos se realizará mediante un estudio e informe elaborado por el
Viceministerio de Política Minera, que fiscalizará el cumplimiento de los
planes de inversión, cada dos años.
Por otro lado, la autoridad señaló que cualquier actividad
minera en inmediaciones de ríos o cuencas deberá ser autorizada por la
Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), que entrará en
vigencia con la nueva Ley Minera y Metalurgia.
Navarro precisó que la autorización procederá luego de
realizar un estudio “multisectorial” y la presentación de un informe sobre las
afectaciones a la zona donde se pretende operar. “No puede haber contaminación
del medio ambiente, no puede haber actividad minera cerca de los ríos, si es
que se produce este hecho, tiene que haber un estudio e informe multisectorial
que autorice la actividad minera en las cuencas o en las faldas del río”,
indicó.
Asimismo, dijo que las operaciones mineras que requieran
usar más agua de la que se tiene en el yacimiento, la AJAM también deberá
autorizar la utilización de nuevos recursos hídricos, pero sin perjudicar a
terceros ni a comunidades aledañas. “No hay prohibición pero se está limitando
y reglamentando la actividad productiva. Queremos que la actividad productiva
se desarrolle en el marco del respeto a la naturaleza, y el respeto a otros
actores”, subrayó.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras de Bolivia (Fencomin) Alejandro Santos afirmó que su sector aceptó las
modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa al proyecto de la Ley de
Minera. En su criterio, las modificaciones sólo fueron de forma y no de fondo.
El dirigente de Fencomin aseguró que la norma, elaborada por
más de tres años entre los sectores involucrados, beneficiará a todos los
bolivianos porque fue redactada en base a la Constitución Política del Estado.
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo que la
ley tiene “olor” de trabajador boliviano, después de tres años de tejer
consensos entre los representantes de los operadores de la minería chica,
cooperativista, privada y estatal.
Esta ley “no está perfumada con olores extranjeros ni con
lenguaje extranjero. Es la primera Ley Minera en 190 años de existencia de
nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor, con su esfuerzo,
con su pensamiento, con su sacrificio y con su necesidades”, dijo García Linera
en alusión a las normas que los gobiernos neoliberales ordenaban redactar a
consultores de Estados Unidos.
García Linera dijo que el sector cooperativista accederá a
yacimientos importantes y ricos, pero solicitó tecnificar la producción y no
continuar sacando el mineral a mano. “Siempre se veía al cooperativista como el
que tenía que producir en áreas marginales, en la sobras. Eso se ha acabado. El
sistema cooperativista tiene derecho de ocupar vetas importantes. Hoy son
productores de primera categoría en el ámbito minero”, dijo.
El mandatario señaló que el gobierno seguirá ampliando las
áreas mineras estatales, pero en yacimientos muy ricos y con producción a gran
escala. “Vamos a ser muy selectivos, el Estado no va a ocupar toda la minería,
no podemos. El Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia y
ahí le vamos a meter millones de dólares para producir mineral, para generar
ganancias y regalías”, recalcó.
García Linera reiteró que la inversión extranjera es
bienvenida a Bolivia, pero bajo las condiciones impositivas, de responsabilidad
social y medio ambiental que establecen las normativas locales. Dijo que los
impuestos para el sector minero privado oscilan entre 55 y 63% de las
ganancias, aunque aclaró que los cambios en el régimen impositivo serán precisados
en otra norma.
Con respecto a la industrialización de la minería boliviana,
García Linera puso como plazo el año 2025 para que el país exporte solamente
mineral con valor agregado. Las exportaciones mineras de Bolivia ascendieron a
3.000 millones de dólares en 2013, el segundo sector más importante de la
economía después de los hidrocarburos.
Fuente: Bolpress
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