GOBIERNO DEL MAS, MEDIADOR POLÍTICO DE LOS INTERESES DE LA
OLIGARQUÍA TERRATENIENTE BOLIVIANA
Gobierno del MAS, mediador político de los intereses de la
oligarquía terrateniente boliviana
En el último tiempo, el gobierno boliviano ha construido un
discurso para encasillar, deslegitimar y acallar distintas voces críticas que
denuncian el carácter anti-popular, anti-comunitario, depredador, extractivista
y pro-capitalista de su proyecto político y económico. El argumento, bastante
simplón, que la cúpula del MAS utiliza es el siguiente: para desarrollar el
país, tenemos que hacer uso de todos los recursos naturales y humanos que estén
disponibles, el no hacerlo sólo puede deberse a la mediación de un interés
“imperialista” y colonial, el cual se interesa por mantenernos en el
subdesarrollo extremo y así ese imperialismo poder beneficiarse de nuestra
riqueza natural.
Es interesante ver como este argumento, obviamente más
arreglado y rimbombante, se ha convertido en la bandera con la que una parte de
la izquierda dogmática, estadocéntrica y principalmente masculina de
Latinoamérica y el mundo ensalza al gobierno de Morales. Acusando a cualquier
persona crítica de ser parte de una macabra maniobra de la derecha imperialista
encubierta de “pachamamismo”. A raíz de esto, intelectuales como Atilio Borón,
Ana Esther Ceceña, Emir Sader, y otros más lejanos como Žižek y compañía, se
dan el lujo de acusar al pueblo boliviano que lucha por sus reivindicaciones o
de ser de derecha, o de ser parte de una masa de personas sin criterio que le
hacen el juego a la derecha, y ellos con sus mentes tan ilustres nos lo quieren
hacer ver.
Parto de una idea muy básica, aunque creo que la mayoría
estará de acuerdo conmigo: lo que se dice no necesariamente es lo que se hace.
De ahí mi llamado de atención a realizar una simple separación entre lo que el
gobierno dice que hace y lo que el gobierno hace. Y no es que el gobierno tenga
un discurso ultra radical, sino que más bien éste se enmarca en lo que podemos
entender como progresismo democrático y liberal. El problema es que ni siquiera
es eso. Nuevamente, yendo a los hechos, podríamos decir que el gobierno del MAS
está haciendo lo que el neoliberalismo no pudo en favor del capital
transnacional, y lo hace a partir de la consolidación de un aparato
institucional cada vez más autoritario y promoviendo la desarticulación
inducida de los entramados comunitarios que existen en el país; todo esto bajo
el manto del progreso económico que tuvo el gobierno gracias al incremento de
los precios internacionales de las materias primas durante los últimos diez
años (aunque ahora ese modelo empieza a entrar en crisis).
Existen varios hechos que demuestran el profundo carácter
antipopular del gobierno del MAS: la alianza con las transnacionales,
principalmente mineras e hidrocarburíferas; la promoción de los intereses de
las nuevas élites, como la cooperativista o cocalera; el carácter represor
contra los pueblos indígenas y campesinos; la inversión de la mayor parte del
excedente económico cooptado por el gobierno en infraestructura y servicios
para el gran capital nacional y transnacional; pero, quizá, uno de los temas
que muestran con mayor nitidez lo que sucede en el país, es la alianza que el
gobierno ha establecido con la más vieja, rancia y funesta de las clases
dominantes: la oligarquía terrateniente. Este hecho no es menor, no es algo
circunstancial, o un “mal necesario”, el solo hecho de que se dé, permite
definir el carácter de clase de este gobierno.
La lucha comunitaria rural boliviana se ha caracterizado, a
través de los casi dos siglos de historia republicana –e incluso desde antes–,
por poner dos temas centrales como ejes de sus reivindicaciones históricas:
tierra y autogobierno. Estas dos cuestiones –que podemos denominar como
“territorio” en el lenguaje moderno, siempre y cuando no queden reducidos al
restringido término de “territorio” concedido por el estado– han estado
presentes de manera plural, diversa y cada vez actualizada en la gran mayoría
de las luchas indígenas y campesinas, bajo diferentes nombres y con alcances distintos.
La tierra, como base material en la que las comunidades son capaces de
garantizar la reproducción de su vida y tejer, así, sus relaciones sociales en
torno a las actividades productivas y reproductivas. El autogobierno, como la
prerrogativa política de asumir decisión colectiva y compartida sobre lo que
sucede en ese territorio, muchas veces contraviniendo la decisión vertical que
emana del poder estatal y que favorece a los intereses del gran capital.
Estos horizontes de reivindicación fueron parte esencial de
las luchas que colorearon Bolivia entre 2000 y 2005, para corroborar esto no se
necesita más que volver la mirada a lo que fue la Agenda de Octubre resultado
de la Guerra del Gas en 2003: tierra y autogobierno –con distintos nombres:
Reforma Agraria, Autonomías Indígenas, Control Social, Soberanía, etc.– fueron
el núcleo articulador de la lucha popular. Además, en ese momento se reconocía
y se asumía como principal enemigo a la oligarquía terrateniente del oriente
boliviano, la cual, al verse contenida por los potentes levantamientos, se tuvo
que replegar y escudar tras el discurso autonomista regional –totalmente
opuestas a las autonomías indígenas–. En ese proceso, esa élite se encargó de
armar un aparato represor que persiguió, reprimió e incluso asesinó a mujeres y
hombres trabajadores del campo y la ciudad en el oriente boliviano. Esa élite
es ahora la aliada del gobierno. Basta con identificar en el oriente a algunos
candidatos o autoridades oficiales que ahora visten con “orgullo” los colores
del MAS y que años antes eran los que golpeaban y perseguían a campesinos e
indígenas, portando esvásticas como símbolos y actuando desde el racismo más
pueril.
Estos hechos, sin embargo, no son el meollo del asunto. Si
bien es larga la lista de asuntos que nos demuestran esta alianza, desde los
personajes de la oligarquía que ahora engrosan las filas del MAS [2],
hasta los carismáticos y amigables discursos del presidente Morales en la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde llama hermanos a los que antes eran
antagónicos a las luchas populares, pasando por los patéticos llamados del
vicepresidente García a que los empresarios agroindustriales pidan las leyes
que necesitan para que el estado se las elabore y garantice [3], o cuando
demostró una gran alegría al recibir un premio de la CAO y de la Asociación de
Predios Productivos Avasallados (ASPPA) por haber promovido la ley
anti-avasallamiento de tierras que ahora dejará en la cárcel por más de ocho
años a los campesinos e indígenas que luchen por recuperar sus tierras, todo
para resguardar la propiedad latifundista [4]. Todos estos hechos son
preocupantes, indignantes e inaceptables, pero el meollo del asunto es entender
cómo, en términos generales, no ha sido esa oligarquía la que ha quedado subordinada
a un “proceso de cambio” diseñado por el gobierno, sino que más bien el
gobierno ha asumido los intereses de esa oligarquía y los ha puesto en práctica
como política pública. En otras palabras, no es una alianza “estratégica”, los
intereses de aquel grupo de poder se han convertido en buena medida en los
intereses del gobierno de morales. Veamos en que consiste esto.
Primero, en la Bolivia actual existe un marco jurídico que
por vez primera constitucionaliza el latifundio. El Art. 399 de la nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional reconoce que la propiedad del latifundio no
será afectada si es que ésta ha sido adquirida con anterioridad a la vigencia
de la nueva CPE, es decir, la mayor parte del latifundio del país. Este
artículo, junto con muchos más, como la eliminación de la representación
directa de autoridades indígenas originarias campesinas en el congreso, o la
limitación del alcance de las autonomías, pueblos indígenas originarios
campesinos, fueron modificados por la cúpula del MAS en negociación con la
cúpula de la oposición parlamentaria encabezada por la oligarquía
terrateniente. Recordemos que la Constitución Política del Estado vigente
actualmente no es la constitución que resultó de la Asamblea Constituyente, que
pese a sus limitaciones era un proyecto que recogía varias aspiraciones
populares, entre ellas la Reforma Agraria y autonomías indígenas originarias
campesinas mucho más profundas. Esa propuesta constitucional nunca llegó a
referéndum porque, en 2009, el gobierno, echando por la borda años de lucha
popular y en aras de consolidar su poder a partir de su articulación con las
élites económicas, produjo una nueva constitución al margen de los sectores
populares, y modificó más de cien artículos de la propuesta inicial, dejando de
lado las principales aspiraciones que en ella se reflejaban, entre ellas las
posibilidad de una Reforma Agraria real.
El argumento que el gobierno utilizó para disminuir la
presión de esa demanda histórica por la Reforma Agraria, fue que se iniciaría
una redistribución de tierras latifundistas a través de la figura del
cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra. Si el gran
latifundio demostraba ser productivo, entonces no sería intervenido y se
respetaría la propiedad de cientos de miles de hectáreas en manos de muy pocas
familias, pero si no se demostraba esto, entonces las tierras serían revertidas
al estado y redistribuidas entre comunidades indígenas, originarias o
campesinas. Paralelamente a esto se propuso acelerar el proceso de saneamiento
de las TCOs (denominados ahora como Territorio Indígena Originario
Campesino-TIOC) y en general de toda propiedad agraria, incluyendo las tierras
fiscales; proceso que se había iniciado en la época neoliberal pero que había
avanzado a un ritmo muy lento. Efectivamente, para el año 2009 el proceso de
saneamiento avanzó de manera significativa, principalmente en lo que
corresponde a las TCOs, las cuales también se beneficiaron de una gran cantidad
de tierras fiscales redistribuidas. Sin embargo, la gran propiedad
terrateniente prácticamente no fue tocada. Al margen del caso de Pando –en el
que los terratenientes tenían en su mayoría concesiones y no derechos
propietarios–, de las 45 millones de hectáreas consideradas mediana y gran
propiedad (casi la mitad del territorio nacional), sólo fueron saneadas 2
millones de hectáreas. En buena medida esto se debe a que el gobierno ha venido
postergando la entrada en vigencia de la FES desde el inicio de su primera
gestión –y lo continúa haciendo– [5]. Por este motivo es que se puede
afirmar categóricamente que la estructura de la tenencia de la tierra, aquella
que favorece a los grandes terratenientes, está incólume en Bolivia.
El haber postergado y marginado este horizonte
reivindicativo rural, no pudo, sin embargo, pasar como un hecho irrelevante, ya
que siempre fue uno de los puntos centrales de la agenda de lucha popular. Para
desviar la presión de las bases, lo que el gobierno ha hecho es elaborar una
nueva narrativa que esconde el gran problema del latifundio, incluso llegando a
afirmar que éste ha desaparecido del país y que esas tierras se encuentran en
manos de las comunidades [6]. Pero para esconder este problema ha tenido
que generar un nuevo “enemigo”, y este enemigo han resultado ser las TIOCs.
Entonces, la estrategia ha sido dejar de hablar de las millones de hectáreas
que están en pocas manos privadas, para polemizar en torno a las comunidades
que habitan en las TIOCs y que disponen de amplios territorios comunitarios.
Poco a poco esto ha debilitado las alianzas que otrora habían establecido
organizaciones indígenas, originarias y campesinas, e incluso las ha llevado a
enfrentarse entre sí –Indígenas vs. Campesinos–. Resulta, entonces, que en este
país los nuevos latifundistas son las comunidades indígenas que habitan sus
territorios históricos, mientras que los grandes latifundistas –los reales,
aquellos que controlan casi la mitad del territorio del país y que son
engranajes del gran capital global– no existen, o si existen se los denomina como
la “moderna y pujante agroindustria nacional”, dejando de lado su impronta
terrateniente.
Ahora bien, el apoyo a esa oligarquía ha venido acompañado
de toda una serie de medidas políticas de cuidado y potenciamiento de este
sector. Por ejemplo, para 2006 –primer año de gobierno del MAS– la producción
de soya transgénica correspondía a poco más del 20% del total de la soya
producida, para el año 2012 la soya transgénica representó el 98% de la
producción según datos de la propia Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas (ANAPO) [7]. Sobre este tema el gobierno se ha manifestado
afirmando que la biotecnología – ya que no usan el concepto de “transgénico”–
es útil para incrementar la productividad y que su uso debe ser ampliado a
otros sectores agrarios. Otro gran apoyo del gobierno a este sector ha sido el
denominado “perdonazo agrícola”, que no fue otra cosa que una ley (N° 337) para
la legalización de desmontes ilegales. Entre el periodo 1996-2011, fueron
deforestados de manera ilegal 5,5 millones de hectáreas, pero con el pago de
una multa irrisoria esos desmontes, con costos sociales y naturales
escandalosos, fueron legalizados, y, además, se convirtieron automáticamente en
tierras con Función Económica y Social, es decir con garantías para la propiedad
privada latifundista.
En abril de este año se llevó a cabo la “Cumbre
agropecuaria: sembrando Bolivia”, donde participaron el gobierno, las
organizaciones de la oligarquía terrateniente y dirigencias de las
organizaciones indígenas y campesinas afines al gobierno. Más allá de todo el
acto performativo y de los elocuentes discursos del presidente, vicepresidente,
dirigentes campesinos y empresarios, lo cierto es que esta Cumbre puede
considerarse como la consolidación de la fusión de los intereses de aquella
oligarquía terrateniente con los del gobierno, basta con mirar los puntos más
álgidos de las conclusiones para corroborar esto: aun mayor ampliación del
plazo de verificación de la FES, entrega de títulos saneados a latifundios,
ampliación de la frontera agrícola para la producción agroexportadora –que nada
tiene que ver con la seguridad alimentaria–, etc. [8]
El Estado “Plurinacional” de Bolivia se está consolidando a
partir de estas alianzas de clase, la participación dirigente de la oligarquía terrateniente
al interior de la estructura estatal no es un hecho circunstancial, todo lo
contrario, es consustancial a este estado y a su forma de dominación. Y lo que
se tiene que tomar muy en cuenta es que si bien este proceso lo viene
impulsando el MAS –y así lo intentará seguir haciendo hasta el 2025–, la fuerza
de la oligarquía terrateniente al interior del estado boliviano trasciende al
propio MAS y será una marca de la dominación a futuro, hasta que la luchas
populares nuevamente pongan en cuestión a esta élite. Para que esto suceda
también será importante que las bases, principalmente de las organizaciones
campesinas, retomen el control de sus organizaciones, las cuales ahora se
encuentran en manos de unas dirigencias subordinadas a la estructura partidaria
del MAS.
Decir que el MAS es de derecha no es un eufemismo. En
Bolivia históricamente entendemos por derecha la acción de ciertas clases
dirigentes, entre ellas la terrateniente que siempre ha actuado en detrimento
de los intereses populares. En este momento, como vimos, el gobierno de Morales
es el mediador político de los intereses de esta oligarquía, por tanto es un
gobierno de derecha.
Si analizamos las relaciones que el gobierno ha
establecido con el capital transnacional en el sector de la minería e
hidrocarburos, y con las nuevas élites emergentes, no haremos más que confirmar
esta aseveración.
Es hora de que el pueblo boliviano empiece a hacer lo que
sabe hacer cuando la derecha está allá arriba.
Notas
[2] http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/154563-infiltrados-o-invitados-la-derecha-se-cuela-en-el-mas
[2] http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/154563-infiltrados-o-invitados-la-derecha-se-cuela-en-el-mas
[7] ANAPO
2013 Anuario Estadístico 2012 (Santa Cruz: ANAPO)
[8] http://www.cfb.org.bo/noticias/economia-comercio/mesa-1-tierra-y-estructura-agraria-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia
Huáscar Salazar Lohman (1983). Economista boliviano, vivió
seis años en México donde realizó sus estudios de posgrado. Su más reciente
publicación: “Se han adueñado del proceso de lucha” Horizontes
comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia
del MAS (2015). Es miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.
uente: Rebelión/ SENA, Servicio de Noticias Ambientales
