Comunidades contra minería: "de una vez nos maten y que reinen los mineros"
X Marielle Cauthin/Territorios en Resistencia
“Queremos cero minería en territorio
originario, hay lagunas de agua, pero la cooperativa Cala Marka nos contamina y
el gobierno no dice nada; de una vez que nos maten y que reinen los mineros.
Esperaremos hasta este lunes, nos enfrentaremos a los cooperativistas (mineros)
de Vitichi, Cotagaita, Puna, Caiza D y Chaquí”, dijo el concejal de Puna en
Potosí, Oscar Hinojosa, según el reporte de Radio Aclo de Erbol de Bolivia.
Desde la promulgación de la Ley Minera,
realizada por el gobierno de Evo Morales el mes de mayo, numerosas comunidades
indígenas de Bolivia se han movilizado y pronunciado contra los efectos
devastadores que implicará la otorgación de derechos irrestrictos sobre la
tierra y toda fuente de agua, permitirá el desvío de recursos hídricos y la
creación de cualquier infraestructura que facilite la explotación minera por
las empresas privadas, llamadas de cooperativa.
La Ley Minera, además, criminaliza la protesta
y a las comunidades que se opongan a la explotación de recursos mineros en sus
propios territorios; ha eliminado la consulta indígena vinculante; y permite
que sea el mismo Ministerio de Minería el que como parte interesada emita las
autorizaciones ambientales, quitando esta potestad al Ministerio de Medio
Ambiente. Las concesiones que otorga el Estado a las mineras de cooperativa
pueden ser a perpetuidad y en asociación con empresas y capital
transnacionales.
Sectores sociales e indígenas denunciaron que
la Ley fue elaborada por los propios sindicatos mineros de cooperativa
afiliados a la Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de
Bolivia) que tienen un pacto político con el gobierno de Evo Morales. La
explotación minera de cooperativa ha llegado a ser incluso mucho más dañina que
la explotación de las grandes empresas mineras: goza del Régimen de Tasa Cero
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para venta de minerales y metales,
recibe beneficios en préstamos del Fondo de Financiamiento para la Minería
(Fofim), así como la dotación de nuevas áreas para explotación, no cumplen
ningún plan ambiental ni social, no se apegan a las leyes laborales y se somete
a sus trabajadores a las peores condiciones de explotación laboral.
La “fiebre del oro” y el reino de los mineros
El Concejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu (Conamaq), que representa a los y las indígenas de tierras altas de
Bolivia y que se encuentra enfrentado al gobierno, se pronunció sobre la Ley
Minera: “queremos informarle al señor Evo Morales que los pueblos indígenas
hemos resistido más de 500 años el exterminio, hemos luchado y dado la vida
para defender la Pachamama, nosotros no creemos en el desarrollo que contamina,
extermina, destruye y vende. La vida se sostiene con la vida (…)A nuestros
hermanos mineros les recordamos que en las entrañas de nuestra pacha, en las
entrañas del cerro Rico de Potosí hemos muerto millones de nosotros, les
recordamos que tras el saqueo sólo se deja muerte, desolación, pobreza (…)”.
Efectivamente la minería de cooperativas
respaldada por el gobierno de Evo Morales está matando. La contaminación de
tierras y fuentes aguas son la denuncia permanente en las comunidades rurales,
destinadas al hambre y la expulsión definitiva. Además, los últimos dos años
estas mismas comunidades se han vuelto tierra de nadie: avasallamientos armados
y con uso de explosivos de alta potencia, enfrentamientos entre pobladores y
mineros con saldos de muertos y heridos, toma de rehenes y militarización de
las comunidades indican que Bolivia vive su propio “far west”. En estos casos,
hasta el momento no existen investigaciones concluyentes del gobierno ni
sanciones.
Datos indican que en Bolivia hay registradas
1.700 empresas mineras de cooperativa y 1.100 se dedican a la explotación de
oro. El 91% de estas empresas se encuentran en La Paz, indicó la Federación
Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) al diario La Razón.
En Arcopongo, norte de La Paz, ya suman otros
tres muertos en la “guerra” que se desató entre mineros cooperativistas y
empresas unipersonales que pugnan por la explotación de la riqueza aurífera
local, informó el diario La Razón. La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya
Condorini es acusada de avasallar tierras para la explotación del oro en el río
Chaquety, en el municipio Inquisivi. El informe oficial señaló que no había
ninguna licencia otorgada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para
la extracción del metal.
También en La Paz la cooperativa Machacamarka
Ltda. es acusada de haber ingresado por la fuerza a la comunidad Bancuni, en el
municipio de Tacacoma, para controlar la explotación de oro, denunció el
secretario de Conflictos de la comunidad, Teodocio Huayhua, al diario Página
Siete. Al menos 26 personas resultaron heridas: “Nuestros compañeros fueron
torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos
mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides. “Toda la
comunidad está quemada. Queremos justicia. El contingente policial que está en
el lugar se parcializó”, denunció el dirigente. Incluso se dinamitó la planta
hidroeléctrica que genera energía para la población. En esta comunidad, indicó
el dirigente, los pobladores operan la explotación hace 10 años y se
autodenominan zona “agrominera”: viven de la explotación de oro y de las
cosechas.
La comunidad Trinidad Pampa de El Choro,
provincia Nor Yungas de La Paz, fue escenario el pasado 21 de junio de
enfrentamientos entre comunarios del lugar y la Cooperativa Cruz del Sur: dos
personas del lugar perdieron la vida por impactos de bala y tres fueron
heridas. Los comunarios denunciaron que el viceministro de Defensa Social,
Felipe Cáceres, es accionista de la Cooperativa minera.
Contaminación de aguas
Aunque las autoridades originarias denuncien,
nadie los oye y no logran ningún compromiso del gobierno para realizar acciones
contra la contaminación o el avasallamiento. No es de extrañar esta complicidad
del gobierno con los mineros. Pobladores de la pequeña comunidad de Pucara del
departamento de Potosí denunciaron que la ex responsable de la secretaría
Departamental Madre Tierra de la Gobernación de esa región, Teresa Balderrama,
fue destituida de su cargo por reportar la contaminación minera que provoca la
cooperativa Huari Huari en esa población, informó la agencia de noticias Erbol.
La cooperativa Huari Huari está matando a la
comunidad Pucara: la minera hecha aguas ácidas a los ríos y a sus tierras:
“Cuando estaba trabajando Consur (otra empresa) todavía cumplía con sus planes
de mitigar, por lo menos las aguas ácidas hacía bombear a un ingenio, pero
cuando se hace cargo la cooperativa Huari Huari, la cooperativa no cumplió
nada”, señaló el dirigente de la comunidad de Pucara, Melquiades Flores, y
añadió que la cooperativa minera presionó para que el gobernador Félix González
aleje a la funcionaria ambiental.
Según el reporte de Erbol, al menos 40
hectáreas de tierras, que se encuentran al borde de un río, son seriamente
afectadas por la actividad extractiva. “Estas aguas de la cooperativa Huari
Huari baja río abajo, entonces de esa manera nosotros como comunidad Pucara
estamos totalmente afectados”, reclamó Flores.
Hace tres años que cooperativistas mineros
contaminan el arroyo Agua Dulce que dota de agua potable a las comunidades de
Guanay, al norte de La Paz. La explotación aurífera en el municipio de Guanay
dejó sin acceso a agua a la comunidad Las Palmas y la estancia Villa Florida,
en las riveras del río Kaka, Teoponte, denunció Claudio Cadena, vecino de la
zona, a Erbol. La contaminación del agua ha provocado que el ganado y los peces
enfermen o mueran; provocó la erosión de los terrenos, impidiendo la producción
agrícola y deteriorando caminos vecinales. “Ellos (cooperativistas mineros)
tienen derecho al trabajo, pero deberían tomar en cuenta que todos tenemos
derecho a acceder al agua potable y que lo que producimos en materia agropecuaria
y de productos agrícolas no sufra consecuencias”, se lamentaba el comunario:
“Nos preocupa de sobremanera, quisiéramos que se hiciera algo y nos permitan
mejorar las condiciones de vida. Hay familias perjudicadas”.
Noemy Cuisara de la Red Nacional de Mujeres en
Defensa de la Madre Tierra resume todas las concecuencias que viven las
comunidades que resisten a la explotación minera en Bolivia: “La contaminación
de nuestros ríos, la desaparición de nuestras fuentes de agua, la contaminación
del suelo por metales pesados, respirar la copajira (residuos tóxicos de los
minerales y su mezcla con químicos), la muerte de nuestros ganados, la pérdida
de nuestra producción agrícola y ganadera, las enfermedades a las que estamos
expuestas las mujeres que vivimos cerca de actividades mineras se ha vuelto una
lucha permanente por proteger a nuestra familia y nuestra vida de los impactos
ambientales de la minería”, señaló al diario La Patria.
Acciones de resistencia
Dirigentes de los municipios potosinos de
Vitichi, Cotagaita, Puna, Caiza y Chaquí anunciaron para esta semana el bloqueo
de la carretera Potosí-Tarija y el tramo internacional
Potosí-Villazón-Argentina, como medida de protesta en contra de la
contaminación minera que agobia a toda la región potosina. Mientras la
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) anuncia una
marcha nacional de mujeres contra la Ley Minera: “nosotras hemos hecho
seguimiento desde el inicio a la Ley Minera (que) burla toda propuesta que
hemos hecho como mujeres y también a nivel nacional, por tal motivo es que
nosotras pedimos la abrogación de esa Ley porque atenta contra los derechos de
los pueblos indígenas y no hay nada con lo que podamos beneficiarnos y más bien
todo es en contra, todo es a favor de los mineros”, declaró a Erbol.
Es un reporte para Territorios en Resistencia
por: Marielle Cauthin, periodista
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