martes, 18 de febrero de 2014

ABORTO EN BOLIVIA SIGUE ILEGAL

Bolivia no despenaliza aborto pero elimina permiso judicial en casos legales 
Enviado X Cocha
El aborto en Bolivia seguirá siendo delito aunque no requerirá, como hasta ahora, una autorización judicial para interrumpir el embarazo en los supuestos permitidos por la ley, entre ellos la violación, el incesto y el riesgo para la vida de la madre.
El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia hizo pública hoy en Sucre, sede del poder judicial, la sentencia constitucional 0206/2014 por la que se elimina la obligatoriedad de que un juez dé su permiso para que una mujer aborte bajo los supuestos legales.
Los supuestos en los que está autorizado el aborto en Bolivia son los embarazos producto de violación, el rapto no seguido de matrimonio, el estupro, el incesto y cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero en todos los casos era necesaria una orden judicial.
En ese mismo dictamen, el alto tribunal veta de facto la despenalización del aborto, al avalar la constitucionalidad del respeto a la vida desde la concepción, una decisión que ayer ya fue adelantada a los medios de comunicación.
En su decisión, el Tribunal Constitucional también exhorta a la Asamblea Legislativa a que desarrolle una ley que establezca y regule los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La sentencia fue dada a conocer en una rueda de prensa por los miembros del TC, cuyo presidente, Ruddy Flores, explicó que "el único requisito para que sea aplicado el aborto impune comprende presentar la denuncia ante las autoridades competentes".
Flores precisó a preguntas de la prensa que la denuncia deberá ser presentada ante el Ministerio Público, lo que supone un paso intermedio entre la mera denuncia policial y la judicial.
El hasta ahora ineludible requisito de contar con una autorización judicial para abortar en los casos en que la ley lo permite era "prácticamente inaplicable", reconoció el presidente del Constitucional.
Añadió que será legal la interrupción médica de la gestación "si hay un hecho delictivo que ha generado un embarazo que está al margen de los derechos de la mujer".
Hasta ahora, la obligatoriedad de un permiso judicial había topado con el crónico retraso de la Justicia boliviana, lo que provocaba que, aún en los supuestos legales de interrupción del embarazo, la orden del juez no llegara a tiempo.
Además, organizaciones feministas habían denunciado que en ocasiones los jueces no daban curso a casos en los que la interrupción del embarazo entraría en los supuestos que recoge la ley.
El fallo del Tribunal Constitucional responde a un recurso planteado por la diputada oficialista Patricia Mancilla que cuestionaba varios artículos del Código Penal relativos a la penalización del aborto.
Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han pronunciado sobre esta sentencia.
La presidenta de la Asociación de Defensa de la Vida y la Familia (ADVIF), Roxana Gonzales, indicó en declaraciones a Radio Erbol que con esta sentencia se da paso a "una imposición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para quitar el fallo judicial".
"Con la excusa de una violación se está dando paso al aborto libre. Vamos a analizar profundamente para ver si conviene o no, pero de inicio no estamos de acuerdo", dijo Gonzales.
El presidente boliviano, Evo Morales, ha sostenido que el aborto es un delito, pero también ha reconocido que debe debatirse sobre el tema después de que varios de sus ministros se pronunciaran a favor de la despenalización.
Por contra, sindicatos campesinos e indígenas leales al gobernante lo rechazan de forma tajante, porque lo consideran "una pena de muerte".
Según un estudio presentado el año pasado por la investigadora estadounidense Natalie Kimball, Bolivia es uno de los países con las tasas más altas de aborto del continente, después de Haití y de Cuba, aunque en este último país es legal desde hace décadas.
Ese mismo estudio señala que en el país andino abortan cada año entre 40.000 y 80.000 mujeres, y que 3 de cada 5 bolivianas interrumpen un embarazo al menos una vez en su vida.
En su trabajo, Kimball revelaba que en Bolivia existe una red de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud que responden a la demanda de abortos ilegales.

Fuente: Noticias Terra


VER SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0206/2014 SOBRE LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO EN BOLIVIA

TAWANTINSUYU: CRÍMENES DE CHAPARINA, MARCHA DEL TIPNIS Y SACHA LLORENTI


Sacha Llorenti será juzgado por los delitos cuando se vuelve la tortilla  
Enviado X Plataforma/Aquí editorial
La “exclusión definitiva” de la investigación y del proceso, contra los autores intelectuales y materiales de la represión a marchistas indígenas en Chaparina (25-09-11), del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz, asegura por ahora la impunidad de éste y del presidente Morales, señalado como el que realmente dio la orden para esa acción punitiva que fue encargada a policías y militares.
El discurso de los gobernantes sobre la presunta “ruptura de la cadena de mando”, es decir, que los jefes policías decidieron esa represión, es una coartada que no sirve para encubrir el crimen, aunque temporalmente goce de impunidad el ex funcionario citado y aunque sea Embajador de Bolivia en las Naciones Unidas. 

Esa teoría, que no resiste el menor debate y menos la prueba de la vida, sin embargo, sirve para que el ex ministro de Gobierno aparezca como limpio de toda culpa, gracias al favor de organismos de justicia el que, en rigor, es impuesto por los gobernantes con lo que éstos imponen su acción política. Dicho de otro modo: los organismos de justicia, por mandato de los gobernantes, han liberado a Llorenti del proceso que merece por la represión a la VIII marcha indígena, legal y legítima, en defensa de la vida en el TIPNIS.
La protección al ex funcionario público tiene un efecto doble: le sirve a él y al Presidente boliviano: ambos por ahora en apariencia nada hicieron por la represión señalada, ni siquiera ordenaron que pare el ultraje a los marchistas, ni siquiera por el rechazo de la gente del pueblo a ese comportamiento represivo de los gobernantes.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), que preside María Amparo Carvajal Baños, denunció que el primer mandatario del país dio la orden para la acción represiva de policías y miliares en Chaparina. Compartimos esa afirmación.
Semanas antes de la represión, el Presidente, con el coro de sus ministros, decidió que la VIII marcha indígena no debía llegar a La Paz. Por eso funcionarios públicos instruyeron a sus bases de colonizadores que impidan, con un bloqueo del camino Yucumo-La Paz, el paso de los caminantes hacia la sede de gobierno.
En ese momento el actual ministro del Trabajo, Daniel Santalla, y el entonces viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Territorial, Wilfredo Chávez, en declaraciones a medios de difusión, confirmaron que la decisión de impedir que los marchistas indígenas de la octava caminata lleguen a La Paz fue tomada con anticipación.
Actuales funcionarios del gobierno, quizá porque tienen algún cargo de conciencia, porque ejecutan acciones sucias y no se arrepienten, o por ambos factores, a propósito de la represión en Chaparina, dicen que al único que hay que salvar de toda responsabilidad en esos hechos, “es al hermano Evo”. Al fin de cuentas, él es el candidato para las elecciones bolivianas de este año, de 2020 y 2025, como dijo el Canciller en funciones, según el diario gubernamental Cambio. Además, el Jefazo no admite que ni siquiera se sugiera que cometió algún error y cuando él habla de que en su gobierno cometió algún desliz, agrega que eso se debió a un mal asesoramiento o que fue culpa de los consultores. (Ver el  informe del Presidente del 22 de enero de este año).
La represión en Chaparina tuvo como misión desbaratar la VIII marcha indígena. Pero cuando el Presidente y una parte de sus ministros constataron que la noche del 25 de septiembre de 2011 pobladores de San Borja impidieron el paso de los vehículos en los que transportaban a los marchistas hacia Trinidad y luego de que en Rurrenabaque, al día siguiente los aviones, con marchistas a bordo, no pudieron tomar vuelo porque también gente del lugar se metió en la pista de aterrizaje, gobernantes y sobre todo el Jefazo, que es el único que manda, advirtieron que fracasaba la desarticulación de la caminata. Horas después, dirigentes de la VIII marcha decidieron reiniciarla, lo que fue otro revés contra los inquilinos del Palacio Quemado.
Dirigentes indígenas, en especial, otros compatriotas y fuentes próximas al Palacio de Gobierno, confirman que el Presidente dio la orden para esa represión. Esa orden, no obstante, permanece como un secreto de Estado, muy relativo porque es desvelado.
Sin embargo, el vicepresidente García Linera dijo que él sabía quién dio la orden para la “intervención” en Chaparina. Esa declaración, empero y según la práctica, resultó ser encubridora y/o para despistar.
Los bolivianos nos convencemos, cada vez más, de que los policías no reprimieron en Chaparina por cuenta propia. Hemos sido informados de que los policías recibieron órdenes llegadas de La Paz para “intervenir” la VIII marcha. Incluso conocemos que jefes policiales dijeron que no hacía falta intervenir esa marcha porque sus dirigentes consideraban acabarla en Yucumo, debido al bloqueo de los colonizadores dato, probablemente, recogido por agentes. Y éstos dijeron que bloquearon porque los indígenas marchistas se oponían a la construcción de caminos en el norte de La Paz, obras que ellos en cambio respaldaban. Un dirigente de ese sector social afirmó que el presidente Morales, en su campaña electoral, les prometió dotarles tierras gratis en el TIPNIS. Otro colonizador aseguró que ellos tenían derecho a beneficiarse con las riquezas de la reserva natural y territorio indígena.
Se sabe, asimismo, que dos jefes policiales fueron enviados en avión, para dirigir el operativo de Chaparina, ante las dudas expresadas por uniformados al mando en esa localidad.
Fuentes bien informadas aseguran que en Bolivia, de estos últimos ocho años, lo importante (y casi todo) se hace por órdenes de Juan Evo Morales Ayma.
En este medio estamos convencidos de que cuando la llamada justicia excluyó por segunda vez y con carácter definitivo a Llorenti de la investigación, en verdad, el más favorecido resulta ser el Jefazo. Por ello, básicamente, fue un error haber reclamado imputación formal, acusación y proceso criminal contra S. Llorenti, por la represión en Chparina, sin señalar que el Presidente es el principal autor intelectual de la represión.
Recordamos que los delitos del actual Embajador de Bolivia en la ONU no prescriben porque ofenden a la humanidad y, por tanto, puede ser investigado, procesado y sancionado por la represión en Chaparina y por los dos muertos en Caranavi (7 y 8 de mayo de 2010), entre otros delitos.
A los periodistas y medios de difusión nos queda investigar para acopiar la información que esté dispersa y descubrir nuevos hechos, en vez de encubrir, como lo hacen otros.
Avisados estamos de que la mayoría de jueces y fiscales están corrompidos y sin remedio, aunque hay excepciones. El Presidente, luego de los muertos en el penal de Palmasola (2013), dijo que él se dio cuenta de que la “justicia se negocia”.
No dijo el Presidente ni esperamos que diga que gobernantes también negocian la justicia. Por ello, cabe rememorar lo que un ministro de Gobierno instruía a funcionarios subordinados a él: (a un juez, a un fiscal u otra autoridad) dile que nos ayude, si no acepta le ofreces plata y, si se niega a lo uno y a lo otro, lo amenazas.
Morales admitió que él “intercedió” para que liberen a cerca de 10 hinchas del equipo de fútbol de Brasil, Corinthians, culpados de complicidad en la muerte (por un explosivo) de un espectador boliviano en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Esa actitud no tomó en cuenta la exigencia de justicia de los familiares del difunto, según declaraciones de ellos. ¿Ese comportamiento del Presidente es no una forma de “negociar” la justicia?
A pesar de todo, sospechamos que el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, teme ser procesado cuando se vuelque la tortilla. Es que ni olvidaremos ni perdonaremos sus crímenes, en cambio, exigiremos justicia.

Fuente: Aquí

miércoles, 12 de febrero de 2014

TAWANTINSUYU, BOLIVIA, LA PAZ: DESMENTIDO DE LAS VERSIONES DEL GOBIERNO SOBRE INCENDIO DE LA VIGILIA DE DDHH




DENUNCIA A LA OPINION PÚBLICA
Enviado X Plataforma 
La Plataforma de Luchadores Sociales – Sobrevivientes de las Dictaduras Militares, denuncia ante la opinión pública paceña y nacional, que a las cero horas de este día domingo 9 de febrero de 2014, las carpas de la vigilia instalada frente al Ministerio de Justicia, fueron objeto de vil y cobarde atentado perpetrado por elementos que les incomoda nos encontremos en vigilia por cerca de dos años frente al Ministerio de Justicia, solicitando el cumplimiento de la ley 2640 y la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, mediante una Ley que posibilite la identificación de las y los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como el esclarecimiento y determinación de las desapariciones forzadas de personas, por los hechos ocurridos en dictadura desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

En efecto, personas definitivamente aleccionadas por la ex Ministra de Justicia y sectores del propio Gobierno, procedieron a incendiar nuestras carpas y la estructura de madera prensada que tenemos instaladas frente al Ministerio de Justicia, quemando casi la totalidad de esos ambientes, así como toda la documentación que se encontraba en su interior, incluyendo las fotocopias legalizadas de nuestros expedientes de solicitud de resarcimiento, que debíamos utilizar para interponer denuncia internacional contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Corte Interamericana de Justicia de Costa Rica; No sólo eso, sino que atentaron también contra la vida y seguridad física y corporal de compañeros que se encontraban a esas horas descansando y que gracias a la ayuda de jóvenes que pasaron por el lugar lograron salvar sus vidas, evitando explotaran dos garrafas llenas de gas que las llevaron a otro lugar del siniestro, tal como pudieron comprobar miembros de bomberos que lamentablemente llegaron cuando el fuego ya estaba apagado. 

Poco tiempo después, nos constituimos igualmente en la FELCC, donde se hizo la respectiva denuncia con intervención fiscal y cuyos funcionarios de la División de Manejo y Control de Crisis, se constituyeron en horas de la madrugada e igualmente a primera hora de la mañana en la carpa, a los efectos de realizar las diligencias correspondientes, constatando la veracidad de nuestra denuncia por incendio y tentativa de homicidio.

Finalmente, aclarar y desmentir las versiones del Ministro de Gobierno en sentido de que el siniestro se debió a un corto circuito, lo que no es cierto ni constituye fiel reflejo de la verdad, toda vez que el mismo fue planificado antelada mente y ejecutado mediante incendio, destrucción y deterioro de documentos de valor, computadoras, televisor, menaje de cocina, sillas y mesas, con el agravante además de haber sido realizado con premeditación, saña, ventaja y alevosía y aprovechando la oscuridad de la noche; motivo que nos impulsa a exigir al gobierno del Estado Plurinacional disponer la inmediata investigación de los hechos, la identificación de los autores materiales e intelectuales y la correspondiente sanción a los culpables y que no quede en la nada, similar acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 2013, donde fue atacada la vigilia el día de la challa de carnaval y nuestra Secretaria General c. Victoria López, fue víctima de rotura de cabeza con 13 puntos de sutura, fractura de antebrazo derecho y traumatismo cráneo encefálico.

POR LA PLATAFORMA DE LUCHADORES SOCIALES
Julio Llanos Rojas PRESIDENTE, Victoria Lopez SECRETARIA GENERAL, Jorge Guillermo Peláez Rivero VICEPRESIDENTE, José Tirado Cruz SECRETARIO DE PRENSA, Constantino Lima SECRETARIO DE ORGANIZACION


¡BÁRBAROS, LAS IDEAS NO SE QUEMAN NI SE MATAN!
¡¡¡V E N C E R E M O S!!!


martes, 11 de febrero de 2014

TAWANTINSUYU, BOLIVIA, LA PAZ: QUEMAN LAS CARPAS DE LAS Y LOS SOBREVIEVIENTES DE LAS DICTADURAS...


LAS IDEAS NO SE QUEMAN NI SE MATAN
Enviado X José Tirado Cruz
 A horas 00.00 a.m. del día 9 de febrero del 2014, las carpas de la vigilia de los sobrevivientes de las dictaduras, organizados en la PLATAFORMA DE LUCHADORES SOCIALES, fue víctima de un criminal atentado perpetrado por delincuentes incitados por la ex MINISTRA DE INJUSTICIA, que incendiaron nuestras carpas, con peligro de la vida de los compañeros que se encontraban en su interior, este hecho no nos amedrenta y seguiremos en la lucha hasta que se cumpla la Ley 26040.
SOLICITAMOS UNA VEZ MAS SU SOLIDARIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRAS CARPAS.



Quema de los expedientes de las víctimas de las dictaduras de Bolivia:
Enviado X Yolanda Herrera
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), expresa su repudio e indignación por la acción criminal del 9 de febrero 2014 contra las victimas de violencia política, lamenta la situación de indefensión e inseguridad en la que permanecen hombres y mujeres de la tercera edad por más de dos años exigiendo una verdadera respuesta y aplicación de la Ley 2640. Condena enérgicamente la quema de los expedientes de las victimas que se encontraban en las carpas, quienes con tanto sacrificio y esfuerzo realizaron la documentación para continuar con en su exigibilidad de sus derechos y la lucha contra la impunidad tanto a nacional e internacional.
Pide Justicia y solicita la inmediata investigación, identificación de los autores y las sanciones correspondientes por la quema de las carpas en el Prado por ello; se suma a la denuncia realizada por los compañeros de la Vigilia.

Yolanda Herrera H.
Presidenta

Asamblea  Permanente de Derechos  Humanos - BOLIVIA
Cel. 70652263
Tel. La Paz 591-2-2440611
Tel. Tarija  591-4-6634626
Cel. 70652263
Email: apdhbpresidenta@gmail.com


Hace más de 1 año y medio que realicé un reportaje y me preguntaba, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿por qué continúan en esta lucha? ¿podría estar mi abuelo, mi abuela o mi tío en esas carpas?, claro que sí. Después de leer el tema, conversar con los protagonistas y también escuchar a la otra parte. Lo único visible es la falta de fundamentos de la ex ministra de justicia, la famosa Cecilia Ayllon que por cierto dejo un sabor amargo a la justicia boliviana. Ahora llega la abogada Elizabeth Gutiérrez ¿Será igual? ¿Hará honor a su etiqueta? Hasta ahora esa Cartera del Estado vive momentos de incapacidad, falta de humanismo, y peor aún, la falta de empatía (el ponerse en los zapatos de los otros).

El Poder demuestra quienes somos realmente. 
Mi apoyo a los humanos, luchadores, hombres y mujeres, y por supuesto a las familias de esta vigilia. 



Fuente: Comité Ejecutivo Nacional de la APDH