lunes, 21 de marzo de 2016

"VIRUS DE ALTURA"... MEMORIA DEL TIPNIS... (OCTUBRE 2011)

Había sido la represión en Chaparina, no todas las web aceptaron este artículo, parecía mentira... represión salvaje contra pueblos indígenas y sus redes de apoyo -jóvenes, trabajadorxs de ONGs, ecologistas...- de parte de un Gobierno autoproclamado y proclamado hasta el cansancio como "indígena"... 
Tampoco fue un chiste denunciar esto desde las propias patas de los caballos. Costó pegas, relaciones y represiones...

"Conflicto" del TIPNIS: Virus de altura
X victoria aldunate/OCTUBRE 2011 
La derecha boliviana es feudalmente racista y oligarca. Ha saqueado de tal manera el país, que bolivianas y bolivianos no tuvieron gas en sus hogares hasta el año pasado, cuando lo consiguieron gracias a un proceso de cambio ganado por el pueblo. Sin embargo, acomodarse en la maldad de la derecha no parece aportar demasiado a esta crisis dolorosa…

Esa misma derecha hoy posa de antirracista, ecologista y lo que venga que le ayude a desestabilizar el proceso para colocarse nuevamente al mando... Ahora, disque son amigos de los indígenas... Y esta posibilidad de infiltrarse en una lucha justa -la del TIPNIS- la derecha la tiene, gracias a la soberbia evidente del gobierno boliviano, incluidos el presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García, el ex ministro Sacha Llorenti… y más de estos varones que hablan desde las alturas de un Poder de Estado que siempre parece capturar a quienes lo detentan, sean indios, mujeres socialistas o negros. Emerge entonces el esencialismo indigenista y generista, mostrándose no sólo ineficientes, sino incluso, tan racistas y sexistas como aquellos a quienes combaten.

Tentaciones antiderechistas
No quiero acomodarme en la maldad de la derecha ni en la autovictimización -que más allá de la verdadera victimización que produce el racismo y la misoginia- a veces nos sirve – y me incluyo- para no vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras traiciones, nuestras soberbias…

Igualmente, confieso que no soporto la tentación de decir que es tan fácil, sorprenderlos –a los derechistas- en su verdadera esencia, como que en una marcha de apoyo al gobierno, en La Paz, atacaron la wipala, símbolo de los pueblos indígenas originarios, gritándoles a las mujeres de polleras y a los hombres indígenas: “¡Váyanse de acá, indios de mierda!”… ¿No era que habían visto la luz del antirracismo, justo ahora?...

Por otra parte, 50 guaraníes que mantienen una Vigilia y una huelga de hambre en Santa Cruz de la Sierra, en apoyo al TIPNIS, invitaron al Cardenal Julio Terrazas… ¿a bendecirlos?... El mismo que, en vez de, cristianamente, condenar el año 2008, la esclavitud en Alto Parapetí, indignado por la denuncia, exigió “pruebas” cuando organizaciones de derechos humanos probaban una esclavitud moderna de trabajo de 15 horas seguidas contra los mismos guaraníes que ahora lo invitan… O tal vez no sean los mismos guaraníes… Porque supongo que entre los guaraníes, como a lo interno de cualquier pueblo indígena o no, hay también diferencias sustanciales de clase por ejemplo…

¿Infraestructura para los países pobres?
Pero hay que decirlo, lo que se advierte desde donde miro, no es sólo soberbia, si no también medidas neoliberales de las que seguramente deban, más temprano que tarde, las autoridades a la cabeza del proceso de cambio, dar respuesta un pueblo que -como dicen acá- se ha rajado para que la cosa cambie por fin en este país saqueado por los mismos que hoy posan de antirracistas…

En los años 80, la propuesta del Banco Mundial al Tercer Mundo, fue que: “Para revertir la situación de pobreza y desigualdad en América Latina lo que hay que hacer es aumentar la inversión en infraestructura”. Danny Leipziger, Director de Finanzas, Sector privado e Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y El Caribe en 2005, decía que “América Latina y El Caribe necesita invertir mucho más en infraestructura para incrementar los niveles de ingresos y mejorar la equidad".
John Perkins, economista, estadounidense, quien se autodefine como “sicario económico” en 2004 escribió un libro llamado “Confessions of an Economic Hitman” (Confesiones de un sicario económico) y en una entrevista de la locutora Amy Goodman del programa “Democracy Now” de la National Public Radio, en EE.UU. explicó lo de la infraestructura: “La compañía para la cual trabajé se llamaba Charles T. Main, de Boston, Massachussets…”…”Mi verdadero trabajo fue hacer tratos, dar enormes préstamos a países pobres. Una de las condiciones de un préstamo… a un país como Indonesia o Ecuador, era que este país tendría que dar el 90 por ciento del préstamo a una empresa estadounidense para construir infraestructura”… “Esas empresas construyeron un sistema de energía eléctrica o puertos o autopistas, y estos proyectos servían sólo a las familias más ricas de esos países”… “Un país como Ecuador hoy debe destinar más del 50 por ciento de su presupuesto nacional sólo para pagar la deuda…”...

Con esta manera de operar entonces, la mayor parte del préstamo vuelve a Estados Unidos o a la potencia prestamista, y el país “pobre” al que le hicieron el préstamo, queda con la deuda más los intereses, eso sin contar que el objeto de EE.UU. en Ecuador por ejemplo, eran, además de todo, los bosques amazónicos, en los que hay petróleo1.

¿Coincidencia?
El megaproyecto carretero que parte de San Ignacio de Moxos atravesando el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) está ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, es Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y área protegida.  Allí habitan los pueblos indígenas originarios moxeños, chimanes y yuracaré. Este megaproyecto está financiado por un préstamo al Estado boliviano de 415 millones de dólares del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil) y pareciera que el trato fue conceder este trabajo a la empresa constructora brasileña OAS.

La carretera forma parte de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), plan regional de “infraestructuras” que surge del Estado brasileño –de la burguesía brasileña, no de su pueblo- para conectar las diferentes regiones en torno a transportes, energía y comunicaciones que sostienen el Capitalismo del Siglo 21. Estas infraestructuras garantizan el transporte para la explotación de los recursos naturales de 12 países sudamericanos y de la Amazonía. Se trata de construcción de hidroeléctricas, puentes, represas, carreteras que están trayendo miseria y explotación a las comunidades donde se ubican, con impactos directos y específicos sobre las mujeres: violaciones, acoso sexual, comercio y explotación sexual, empobrecimiento de sus familias y consecuencias directas sobre su salud2. 

“La IIRSA es un proyecto regional de infraestructuras que, no de forma casual, surgió en Brasil… En total implica la construcción de 514 proyectos de vías… y una inversión estimada de 69 mil millones de dólares divididos en 12 ejes. De este total, 4.479,05 millones de dólares y seis ejes corresponden a Bolivia, para cuya financiación se han firmado préstamos con el Banco Mundial (BM), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llegando a sumar el 78% de la deuda externa contraída por Bolivia con estas instituciones en 2008…”3.

Hay informaciones de estudios técnicos en Bolivia que hablan de sobreprecio en la venta de la construcción de esta carretera por parte de la brasileña empresa OAS. Algunos hablan de que cobra cerca de 700 mil dólares por kilómetro lineal y otros hablan de más de 1 millón. Yo no pretendo hacer un informe técnico -las y los técnicos sabrán- sin embargo, claramente todo esto se parece a la manera de operar de EE.UU.

Pasar por el TIPNIS, significa deforestar gran parte del territorio, eliminar parte de la fauna y la flora, trastocar la vida de la gente de esas tierras… Y ya Bolivia es el país que tala más bosques en el mundo. Según sé, a un ritmo de 320 metros cuadrados por habitante al año, mientras que en otros que han sido cuestionados, se tala 16 metros cuadrados por habitante al año. Pareciera que las empresas madereras pasan libremente por ejemplo por el mismo TIPNIS y que en este caso, las autoridades y/o los dirigentes de los pueblos indígenas del TIPNIS no habrían cuestionado esta depredación.
Consulta a los pueblos moxeños, chimanes y yuracaré
La legislación que han logrado las luchas de los pueblos indígenas originarios a nivel internacional, -logros que los estados y las mismas instituciones enarbolan cuando les conviene y otras veces violan- hablan entre otras cosas de “Autodeterminación” y “Consentimiento libre, previo e informado antes de la realización de actividades en sus tierras”, en las tierras y territorios de los propios pueblos indígenas.

Lo dice e Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Tratado de Iquitos, la Carta de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales (Penang, Malasia) 4. 

Bolivia ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales y es más, la NCPE, Nueva Constitución Política del Estado, en su totalidad tiene un sentido de respeto a los pueblos indígenas originarios de Bolivia, país que justamente es declarado Plurinacional.
Y no se trata de hacer un Referendun en los departamentos de Cochabamba y Beni como los medios de comunicación masivos han informado que el gobierno propone, si no de una consulta específicamente a los pueblos indígenas originarios del TIPNIS. No a los colonizadores que llegaron después, si no a aquellos que ancestralmente –antes de la invasión española- han vivido allí. A los pueblos moxeños, chimanes y yuracaré. Consulta que debió hacerse antes de firmar cualquier trato envenenado, y que ahora aún hay tiempo de hacer...

¿Encubrir a los policías que reprimieron?
“…Hubo muchos niños y niñas heridas, asustadas. A los hombres los pusieron en camiones y a las mujeres y niños en 4 buses. Los apalearon, la gente sangraba y seguían golpeándolos”, informa por teléfono celular una joven que iba en la marcha y luego debió refugiarse con otra gente en la parroquia de Rurrenabaque. Y prosigue: “Había un hombre al que le pegaban, yo veía. Varios policías contra él, yo gritaba, el hombre sangraba y ni siquiera se podía defender y ellos seguían, sin piedad”.

Esta persona y otras, me informaron estos días que en la parroquia de Rurrenabaque había hasta ayer cerca de 200 personas, la aplastante mayoría indígenas de comunidades, no dirigentes, muy poca gente urbana “autónoma que apoya”, algunos periodistas y alguna gente de o­nGs.
Un joven de la marcha también refugiado allí me dice: “Acá hacen responsables a Llorenti (el Ministro de Gobierno ya renunciado) y a Choquehuanca (canciller) por mentir. Nadie lo secuestró, sólo le obligaron a marchar con ellas, las mujeres”.

Cerca de las 17 horas, el domingo 25 de septiembre, la policía comenzó una violenta represión con gases, balines y a palos contra los marchistas en Chaparina. Esa noche Evo Morales había invitado a 20 dirigentes de la marcha indígena a dialogar en la Casa de Gobierno. El día antes, sábado 24 de septiembre, el ministro Sacha Llorenti, el canciller David Choquehuanca y todos los medios oficiales acusaron a los marchistas indígenas de “secuestrar” al canciller y al viceministro Cesar Navarro. También afirmaron que había 4 policías heridos “por flechas”, y que la marcha fue infiltrada por un “grupo violento”.

Una nota que envía la comisión de comunicación del la Marcha del TIPNIS el 13 de septiembre se titula: “Policía Nacional: Nuestro objetivo es evitar que continúe la marcha”. Y plantea que “La Policía Nacional aseguró que no permitirá pasar a la Octava Marcha Indígena si avanzara hasta la población de Yucumo, a 20 kilómetros de donde se encuentra ahora. Según los uniformados, negarán a los indígenas el derecho a la libre circulación para proteger un “bien mayor”, el de la vida. Porque –siempre según la Policía- podría haber enfrentamientos con la centena de campesinos que bloquea esa vía desde hace dos semanas para -también- evitar el paso de los marchistas”… Pero no parecen haber protegido la vida cuando reprimieron a palos.

Hay denuncias de gente muerta y desaparecida, aunque no hay cadáveres, tampoco familiares que los reclamen y, claramente, prensa masiva derechista ha tratado de subrayar esto. Hay quienes piensan que si hay pocos muertos pueden haber sido ocultados. -Y yo, de las policías del mundo, en materia de crueldad, no dudo nada-… Ahora hay amenazas por TV de “esposas de policías”, “asesoras de policías” y ex policías, al gobierno, que dicen que “Si a uno de estos policías, el señor Presidente los quiere enjuiciar, los quiere dar de baja o los quiere procesar, sí va haber amotinamiento…”5. O sea, quieren que el gobierno encubra a los policías que reprimieron.

Nadie se calla en Bolivia
Renunció la Ministra de Defensa, indígenas tacanas y pobladores de  Rurrenabaque se tomaron el aeropuerto, encendieron fogatas en la pista, impidieron el arribo y la partida de aviones, liberando a los marchistas detenidos. En La Paz, mujeres indígenas de CONAMAQ, CIDOB y CPILAP convocaron a una vigilia en puertas de la Catedral de San Francisco, y llegan cerca de 400 personas, cada noche desde hace unos 13 días. Estudiantes universitarios, jóvenes, profesoras y profesores salieron a las calles de todo el país el miércoles 28 en apoyo a los marchistas del TIPNIS. Todo prueba que el proceso es del pueblo y no lo van entregar fácilmente.

El día 30 de septiembre, la Vigilia de CONAMAQ-CIDOB-CNAMIB-CPILAP en La Paz, envío un pronunciamiento que plantea, entre otras cosas: “Repudiamos enérgicamente cualquier intento de la derecha oportunista de aprovecharse de la movilización indígena y sus legítimas demandas, en particular, por parte de los partidos políticos Movimiento sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN), encabezados por los señores Juan del Granado y Samuel Doria Medina, que representan la vieja política neoliberal y el camino de retorno de la oligarquía que gobernó el país en las últimas décadas”…

La marcha se ha reanudado desde la localidad de Quiquibey. Muchas no quisiéramos ya escuchar que el gobierno califique a las y los marchistas por su territorio, de "vendepatria", "pro-imperialistas" y "traidores", menos que siga citando decretos y leyes de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron para justificar los tratos de construcción de la carretera, como dice Flavio Dalostto (Kaos en la Red/Bolivia).

Algunas reflexiones en la memoria6
Es importante decir que el patriarcado no es solamente racismo, también es nacionalismos, esencialismos, imaginar que hay identidades “puras” que hacen que unos grupos sean mejores que otros. Parece que desde ahí, se comienza a fantasear con que lo que hace un indígena en el poder siempre es bueno. O con que si es mujer va a ser menos violenta. Y que si es afro será antirracista. (Y se ha visto bastante de ello por acá).

Ya sabemos que gente que se ha sentido mejor por más blanca como los nazis o como parte de la derecha boliviana, arremete –respectivamente- contra los judíos o contra campesinos indígenas como en la masacre del 11 de septiembre de 2008 en Pando –responsable el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández-. Pero también puede que mucha gente de grupos discriminados se comience a sentir “mejor” porque en una competencia de sufrimientos –muy cristiana- imagina que gana porque ha sido “más” perseguida, más “esclavizada”, y entonces en un afán nacionalista, algunos lleguen a solapar abusos de poder en lo interno. De ahí, a justificar persecuciones y faltas de respeto a otros que no son su pueblo o su clase, o su “género”, hay sólo un paso. Y con el tiempo, como en el socialismo real de Europa del Este, los otros pueblos y grupos, pueden llegar a ser secundarios, como en la desaparecida URSS donde los demás pueblos producían aquello que los rusos tenían, pero los propios productores no merecían.

Así también se justifica la violencia contra las mujeres y los femicidios: dejó de ser una buena esclava y se la puede violentar y hasta matar. Y quién es más salvaje que tú, puede dejar de ser un “buen salvaje”, y lo transformas en tu “enemigo interno”.
Y cuando gobiernos traicioneros a las luchas antidictatoriales como el de la Concertación de Partidos 

Por la Democracia de $hile –tengo experiencia-, te empiezan a pedir que “elijas el mal menor”, es porque el mal mayor son las mismas cosas que hacen ellos, pero hechas por la derecha… y nos adentramos en el dolor de perder lo conseguido no desde el Estado, si no desde las luchas en las calles como en la guerra del agua y la guerra del gas.

Virus de altura
… Y es que ya te atacó esa grave enfermedad, más grave –creo yo- que el infantilismo del que hablaba Lenin, -Lenin, ese señor que semi-exilió a las feministas revolucionarias rusas por ser mujeres molestas-. Hablo del Virus de altura del que hablaba Laura Rodríguez, esa diputada humanista fallecida en los años 90 en chile, una de las pocas personas honestas que han pasado por el Congreso en el chile de la Concertación, y que defendió el aborto sin eufemismos –nada de “terapéutico”, aborto a secas-.

Ella decía que había gente a la que le daba esa enfermedad -Virus de altura-. Yo pienso que es un síntoma. No te miran a los ojos cuando hablas porque están como en otro lugar, más alto. Y la misma con que estuviste en un bar tomándote un vino, pero que ahora ha sido nombrada ministra, aparece como envuelta en una burbuja –no camina, levita como Jesús- seguida por un séquito, algo así como una escolta pretoriana. Otro síntoma es dejar de ver por los ojos rebeldes que antes habías tenido. Te pones soberbia, aunque en realidad lo que estás haciendo es defender los privilegios de haber ingresado a la elite en que antes no te dejaban entrar… Y saboreas lo bueno que es estar ahí en el lugar de los poderosos. Tanto, que empiezas a encontrarle sentido a la institucionalidad y ya no quieres transitar desde la radicalidad que un día llevaste tan bien. Incluso ya sólo hablas del neoliberalismo pero no vuelves a mencionar el capitalismo. Sacudir tu lenguaje cristiano y hetero ya te parece imposible. Hay que aplicar algún anticuerpo al Virus de Altura en el gobierno boliviano – lo digo como inmigrante sin papeles-, ¡es urgente! 

Referencias
1. Confessions of an Economic Hitman (Confesiones de un sicario económico), San
Francisco: Berrett-Koehler, 2004,escrito por Michael Sondow, citado en “Sobre Autonomías” de Victoria Aldunate Morales, presentado en el ELFLAC, Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Caribeño, en Santiago, Chile, año 2007. http://lahaine.org/b2-img09/victoria2.pdf
2. Pronunciamiento del 9 de agosto de 2011 de feministas y feministas comunitarias de Cochabamba http://www.kaosenlared.net/noticia/tipnis-palabras-insultantes-gobierno-sobre-mujeres-yuracares
3. Amils Samalot, Rosemary, Bolivia. “Más allá del territorio: el cuerpo de la mujer y la reivindicación del territorio entre los pueblos indígenas y campesinos del oriente boliviano”. 1º seminario: Género y Globalización, Maestría en Género y Políticas Públicas, PRIGEPP, FLACSO, año 2010.
4. Otero Lugones, Ramiro, Catedrático Emérito de la UMSA, Magíster en Ciencias Penales. “NORMATIVA PROTECCIONISTA PUEBLOS INDÍGENAS” (documento enviado por Internet desde la Comisión de Comunicación de la Marcha del TIPNIS.
6. Parte de las reflexiones hechas (por mí) en el feministario –“Acaso vamos a aliarnos con quién sea”- del jueves 29, en La Paz, café CARCAJADA.


sábado, 12 de marzo de 2016

PORQUÉ NO SE PUEDEN REGULAR LAS REDES SOCIALES?

Redes sociales en todas partes (foto: victoria aldunate 2012, Puerto Saavedra)
El presidente Evo Morales quiere "regular" el anonimato en las redes sociales, ya que considera que la responsabilidad de su derrota en el reciente "referendo constitucional" es en realidad dela una "guerra sucia", como la llamó que le hicieron diversos movimientos críticos y también derechistas  por medio de las redes sociales... Es decir no cree que la responsabilidad sea de propio gobierno... ¿Se pueden regular las redes, sí, no, por qué...?

Opinión y Ánalisis legal
PORQUÉ NO SE PUEDEN REGULAR LAS REDES SOCIALES?
He escuchado varias entrevistas televisivas de políticos aseverando que se deben de regular las redes sociales del país por diferentes razones de orden político y que se concentran en face, twitter y otras.
Y debo decir que eso es completamente inviable, ilegal y anticonstitucional. Una idea como esa atenta flagrantemente a todos los derechos fundamentales y civiles de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo, no solo en el nuestro.

Derechos ampliamente amparados por nuestra C.P.E. que en sus Arts 21 - 3, 5, 6 señala ( textual) -: "Las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: "A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos".
"A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva". " A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva".

Estos son solo algunos Arts que amparan legalmente el derecho civil del ciudadano y la ciudadana boliviana a expresarse.
Muchos Convenios Internacionales y Tratados con países con quienes estamos obligados por reciprocidad y bilateralidad internacional nos obligan a cumplir con Derechos Universales de libre expresión, bajo pena de ser sancionados internacionalmente por incumplir estos tratados.

Como ciudadanos en el ejercicio libre de nuestros derechos civiles y constitucionales con derechos fundamentales amparados por el Artículo 32 de la Reina Madre de todas las leyes, señala que no estamos obligados a hacer lo que la CPE y las leyes no manden; ni a privarnos de lo que ellas no prohíben.
Esta idea descabellada de estrangular "la libertad irrestricta de expresión", libertad que es vista como el rostro de un mundo civilizado e ideal de acuerdo al Titulo IV - Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. Capitulo Primero. Garantías jurisdiccionales de nuestra C.P.E sanciona a las personas que vulneren los derechos constitucionales, quienes deberán de quedar sujetos a la jurisdicción y competencia de las autoridades, las cuales responsabilizarán a los autores intelectuales y materiales.

La libertad de expresión es un derecho fundamental obtenido por la Humanidad mediante el transcurso de la Historia a nivel mundial. Pensar en intentar vulnerar estos derechos es retroceder a épocas dictatoriales.

domingo, 21 de febrero de 2016

"EL GOBIERNO POPULISTA" CONTRASTA CON LA "IMAGEN CREADA POR LA 'IZQUIERDA' INTERNACIONAL"

Bumerang gubernamental
X Raúl Prada Alcoreza/Dinámicas Moleculares
¿Qué es lo que lleva a conspirar contra la secuencia de hechos desencadenados? Si bien no compartimos la teoría de la conspiración, de todas maneras, como dijimos, hay conspiradores, quienes creen que pueden cambiar los desenlaces, que pueden incidir en la compleja dinámica de las fuerzas. Aunque solo tomen en cuenta una representación vaga, de una selección arbitraria de los procesos inherentes; generalmente, selección inadecuada. En todo caso, tenemos que tener en cuenta esta variable subjetiva, esta pretensión de manipulación sobre la realidad, pues, si bien no incide, en el sentido que se quisiera, que desean los conspiradores, de todas maneras, forma parte de la composición de la complejidad de una coyuntura.

Queda claro, aunque no lo confiesen los del gobierno, los oficialistas, que controlan los órganos de poder el Estado, aunque los ingenuos comunicadores, informadores de noticias, opinadores, sobre todo de televisión, no lo vean - no se puede esperar otra cosa de ellos -, aunque, a pesar de la reacción indignada de la “oposición”, que si bien atina a evaluar el alcance del atentado a la Alcaldía de El Alto,  no logra percibir la magnitud de la crisis múltiple develada por el atentado gubernamental contra la Alcaldía de El Alto. Fue Amalia Pando - una comunicadora conocida y temida por el gobierno, a la que se quiso acallar por todos los medios al alcance, cerrando emisoras donde tenía cabida, a quien se busca desesperadamente descalificar con argumentos que dejan mucho que desear, por su extremada debilidad, grotesca alocución, brutal maniobra verbal, por ser emitida por gente que solo tiene como mérito el oportunismo, lejos de una tradición de lucha, como la que encarna Amalia - quien hizo una descripción y un análisis sobresaliente de lo ocurrido en la Ciudad de El Alto, al cierre de las campañas por el sí y por el no, frente al referéndum; contando con el despliegue de una marcha preparada, ciertamente anunciada de antemano, pero, preparada y manipulada, con el objeto de desestabilización del gobierno municipal alteño, entre otros objetivos. Otro objeto del ataque masista, es parar sinuosamente la investigación de la corrupción escandalosa, habida en la gestión del gobierno municipal del Patana, militante del MAS y llunk’u incondicional de la gubernamentalidad clientelar. Sin embargo, lo que se evidencia, en la evaluación y el análisis minucioso de los hechos, que efectúa Amalia Pando, es que el objeto principal de la marcha perpetrada es detener el referéndum, donde estiman que van a perder los compulsivos y delirantes partidarios del sí[1].

La desesperación gubernamental, la desasosiego del oficialismo, es tal que se han aventurado en una conspiración insólita, buscando crear una situación no solo conflictiva sino hasta peligrosa, con intensidades altas de violencias, para que sea la excusa de suspender el referéndum. No solamente está metido, en esta conspiración, el Viceministro de Gobierno, sino todo el gobierno, además del MAS, en todas las instancias institucionales que ocupa. Se proyectó desatar un conflicto de envergadura, con desenlaces, incluso sangrientos, que además permitan culpar de lo sucedido a la Alcaldesa, odiada por estos personajes; pues contrasta con ellos en una característica que no tienen, honestidad. El Viceministro aparece temprano, en la mañana, antes de la marcha, en las inmediaciones de la Alcaldía, visitando como autoridad al cuartel de policía, establecido ahí, en las proximidades del mismo gobierno municipal. La maniobra estaba preparada y coauspiciada por el gabinete, el Congreso oficialista, la Fiscalía, probablemente parte de los tribunales, además del Órgano Judicial, fuera de los dispositivos de movilización del partido. El encargado de operar esta maniobra es el Viceministro. La orden al comandante de policía es no salir, no acudir a evitar el enfrentamiento, la toma de la Alcaldía, incluso una vez incendiado. La obediencia del comandante ante semejante orden inconstitucional, ilegal y criminal, raya en el delito de incumplimiento de funciones, además de complicidad en el crimen. Que se hayan arriesgado en semejante juego peligroso, quiere decir que se encuentran altamente desesperados. Solo una situación alarmante en su dramatismo y exposición vulnerable, puede llevar a gente irresponsable a acudir a estos métodos violentos y deshonestos, inescrupulosos y desfachatados.

En escritos anteriores, en el análisis de los sucesos desencadenados por el “gasolinazo” y por el conflicto del TIPNIS, dijimos que el gobierno populista cruzó dos líneas; pasándose a la otra vereda, enfrentándose al pueblo. Una línea, era la del “gasolinazo”, que evidenciaba las relaciones concomitantes entre el gobierno y las empresas trasnacionales, que pedían la modificación de la Constitución, en lo que tiene que ver con los precios congelados para el mercado interno, con la atención prioritaria a la demanda interna, antes de la exportación. Esto tiene que ver con la subida de los precios de los hidrocarburos, que el gobierno describió como si se tratara solo de subvención.  Cuando lo que estaba en juego era la presión y el chantaje de las empresas trasnacionales; chantajearon con no invertir en la exploración si no se modificaba la Constitución y si no subían los precios de los hidrocarburos en el mercado interno. La segunda línea, tiene que ver con las naciones y pueblos indígenas, al optar por una carretera extractivista, que beneficia a las concesionarias de exploración de petróleo e hidrocarburos en el Territorio Indígena del TIPNIS; que beneficia a la ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria; que beneficia al comercio de los ganaderos de Rondonia de Brasil, que buscan llevar la carne de res a los puertos del Pacífico, por una ruta más directa. El cruce de la primera línea, convirtió al gobierno en un dispositivo de las estrategias de control de las reservas de las empresas trasnacionales de los hidrocarburos. El cruce de la segunda línea, convirtió al gobierno en un gobierno antiindígena, postulando el desarrollismo trasnochado; esto en el discurso, que en la práctica no es otra cosa que llevar a cabo, extensamente e intensamente, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

Ahora, el gobierno populista cruza insólitamente una tercera línea, la de la conspiración contra el propio pueblo, perpetrando una acción vergonzosa de terrorismo de Estado. Con esto el gobierno, que encarna, otra vez, la triste historia, de convertir las heroicas luchas del pueblo por la soberanía, en sumisión renovada al imperio, encubierta demagógicamente; de convertir la movilización prolongada, que corresponde a un proceso descolonial, en la ola donde se trepa, para asumir el gobierno demagógicamente, usurpando a los movimientos sociales el protagonismo de un proceso de cambio aperturante. Entonces el gobierno populista, en el que depositó el pueblo rebelde sus esperanzas, se metamorfoseó en un gobierno clientelar, y por este camino, en un gobierno que expande la corrupción ampliamente, comprometiendo a copiosos sectores sociales. Ahora, después de la actuación conspirativa gubernamental en la Ciudad de El Alto, el gobierno se convierte en un gobierno delincuente.

La decadencia es mucho mayor que la que nos habíamos imaginado y representado. Se ha ido mucho más lejos en el hundimiento ético-moral, que no se puede encubrir con la estridente y compulsiva propaganda y publicidad, ya desgastada y que ya no es ni mínima convincente. Esta situación de derrumbe político, “ideológico”, ético-moral, múltiple, obviamente, no sostiene, de ninguna manera, la interpretación apologista de que todavía, a pesar de todo, se trata de un gobierno progresista. Esta es la imagen creada por la “izquierda” internacional, que hace tiempo ha perdido su vocación de lucha, para adecuarse a las estructuras de poder del orden mundial. Solo quiere participar en un espacio de este orden. Esta es la imagen que pretenden los oficialistas, que además se presentan como “revolucionarios”, aunque no se sepa por dónde y por qué. La realidad efectiva nos muestra que la decadencia ha llegado tan lejos que estamos ante un gobierno delincuente. Este estado de cosas, esta situación histórica-política, de decadencia y de crisis múltiple, no garantiza nada. No hay ninguna clase de legitimidad posible, que lo pueda acreditar. En estas condiciones de derrumbe y hundimiento no tiene sentido hablar de democracia, incluso en los límites de la formalidad institucional, no se puede atender al periodo correspondiente, que supuestamente tiene que cumplir la gestión del gobierno. Nada de estos referentes tienen sentido, ni se sostienen. Estamos ante una situación calamitosa, que destruye las cohesiones sociales, fuera de haber destruido, antes a las organizaciones sociales y su capacidad de lucha, fuera de haber convertido a las instituciones en herramientas de corrosión y de corrupción. El soberano, el pueblo, no puede seguir sosteniendo esta pantomima, que ya es una amenaza para el propio Estado, la nación, el país y la sociedad. Al pueblo le compete la responsabilidad de poner coto a todo esto, de manera inmediata, por la emergencia de la situación.




jueves, 11 de febrero de 2016

PRESO POLÍTICO POR SER INDÍGENA Y DENUNCIAR RETROCESO EN RELACIÓN A LA AUTONOMÍA EN EL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA

Compas, se agradece la difusión en sus sitos de contrainformación.
Esperemos presionar para lograr la libertad de la ex autoridad indígena del Conamaq, Tata Félix Becerra, compañero comprometido con la lucha indígena, como nos consta.
Saludos! 

Entrevista desde la cárcel de San Pedro a Tata Félix: Preso político por ser indígena y trabajar como campesino
X Delfín de agua dulce/Territorios en Resistencia
Tata Félix Becerra fue máxima autoridad originaria del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) entre 2011 y 2012. Luego de ejercer su mandato, volvió a su comunidad en Tapacarí, Cochabamba. Es indígena quechua. Hace más de tres meses que injustificadamente la ex autoridad indígena está recluida en el sector Palmar de la cárcel de San Pedro, en La Paz. Dice que no tiene abogado en La Paz: “soy de Cochabamba, no conozco abogados en La Paz”.

Félix Becerra es un líder comunitario destacado por el apoyo y solidaridad que brindó a las luchas de sus hermanos indígenas en el Tipnis y en Mallku Qota; en incluso al mismo movimiento cocalero antes de la presidencia de Evo Morales. Se considera un indígena quechua independiente de los partidos políticos, él cree en el trabajo y la vida de la comunidad y aspira a la autonomía territorial indígena. Fue discriminado por la justicia boliviana que lo recluyó por no aceptar como garantía su trabajo en el campo y su territorio colectivo como “lugar de residencia”, explica en una reciente entrevista a Radio Deseo, que reproducimos en parte.
El contexto: corrupción en la militancia evista y masista
En noviembre el Tata Félix Becerra fue citado por la Fiscalía de La Paz para dar declaraciones sobre el caso de corrupción del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígena Originarios y Comunidades Campesinas, más conocido como Fondioc y manejado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; el Fondo consistía en financiar proyectos sociales mediante las organizaciones indígenas y campesinas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), este fondo fue aprobado en 2005.

Durante los años 2010 a 2012 se habría entregado a las comunidades más de 360 millones de bolivianos (casi 52 millones de dólares), pero al parecer nadie sabe del destino real de estos fondos y por eso Conamaq orgánico -al que representaba el Tata Félix- ha estado reclamando investigación y auditorías.


Otro aspecto es que, si bien el Conamaq estaba entre las organizaciones beneficiarias, del total de fondos entregados, la Central Única de Trabajadores Campesinoas de Bolivia (CSUTCB) se benefició con más de 150 millones de bolivianos, los Productores de Hoja de Coca y Colonos, llamados “interculturales” recibieron 133 millones de bolivianos y las Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa recibieron 77 millones de bolivianos; es decir las tres organizaciones aliadas al gobierno de Evo Morales acapararon casi el 80% de los fondos.
Luego de atropellar a Conamaq en 2012, y que el gobierno reconociera a una dirigencia paralela y apócrifa, Conamaq-masista recibió fondos. De ahí que se conozca al caso Fondioc como un millonario caso de corrupción en beneficio de dirigentes campesinos aliados a Evo Morales, como las ex ministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, ambas también dirigentas de las mujeres campesinas Bartolina Sisa.


Becas a Rusia
Luego de brindar declaraciones, la Fiscalía emitió la orden de detención contra Félix Becerra. Según la Fiscalía, la orden de detención preventiva se debe a que -al no residir ni trabajar en La Paz- existe peligro de fuga, mientras duran las investigaciones que lo comprometen en el uso de Bs. 56 mil para un proyecto de enseñanza del idioma ruso, para becarios indígenas que seguirían estudios en ese país. De hecho se presupuestó 466.400 bolivianos pero solo se transfirieron Bs. 56.000.
Para entender la inocencia del Tata Félix, él explica la historia de los 56 mil bolivianos del proyecto de enseñanza del idioma ruso para indígenas. Dice él que este proyecto ya estaba aprobado en 2009. Él fue autoridad entre 2011-2012 y -por lo tanto- no participó en la aprobación del proyecto que beneficiaría a 12 jóvenes indígenas del “Pacto de Unidad” (indígenas afiliados a las organizaciones sociales) que debían aprender ruso para beneficiarse de becas a Rusia. De hecho, hubieron cursos de ruso e incluso en 2012 los beneficiarios denunciaron la paralización del proyecto, directamente al despacho de Evo Morales.


Pero el Tata Félix era solo firmante de los fondos como representante legal, junto a Julia Ramos –que figuraba como administradora- y Roberto Coraite -que figuraba como control social; eran responsables en tanto eran “ejecutivos” de sus respectivas organizaciones.
Dice -en la entrevista telefónica realizada para Radio Deseo- que Daniel Zapata, ex director del Fondioc, y otra profesora fueron pidiendo los recursos y le obligaron a abrir una cuenta personal a nombre de la autoridad: “yo lo he retirado los 56 mil bolivianos”, afirma el Tata: “en ese momento nos hemos reunido en el Fondo Indígena, ellos me solicitaron que retire los 56 mil bolivianos”. Además de pedirle que retire de la cuenta el total del dinero, le dijeron que esos fondos estarían a cargo de Elena Gamardo: “me dijeron que le de el dinero para que ella administre”, junto a Elvira Parra, como administradora y contadora. Le dijeron que Gamardo conocía el proyecto y el Tata entregó el dinero con un recibo firmado a esta persona: “tengo el recibo original, presenté al fiscal”, dice en su defensa.

Pese a todos estos descargos presentados, la justicia boliviana lo mantiene detenido: “todo fotocopia de factura tengo, de los 56 mil bolivianos”, estas facturas de uso de los recursos estaban en manos de las oficinas del Fondo Indígena. “La administradora se ha complicado con todo los documentos, ahorita la administradora dice que ella ha remitido las facturas al Fondo Indígena: ¿cómo pierden las facturas originales en el Fondo Indígena?”, dice la ex autoridad y resume: “por esa razón estoy en San Pedro”.

Preso político por ser luchador y trabajador indígena
En realidad no hay argumentos que permitan el arresto preventivo en un penal para el Tata, pues él -pese a su inocencia- solicitó arresto domiciliario pero se lo negaron argumentando “peligro de fuga”: “Para robar 56 mil bolivianos no me alcanzaría para escapar a otro país, eso me dicen los de la Fiscalía ‘peligro de fuga’: como un indígena, tengo mi territorio, tengo mi familia ¿cómo voy a fugar por 56 mil bolivianos?”, pregunta durante la entrevista telefónica realizada para Radio Deseo del colectivo Mujeres Creando.


“Tengo mi casa, tengo territorio, tengo mi trabajo, siembro papas, chuño, soy artesano para Carnaval, saco artesanías. Yo digo porque será la injusticia. Esto debe valer. ¿Por qué no tengo trabajo en La Paz?, es que yo no soy de La Paz. Yo estoy muy preocupado solamente de mi familia”, dice en su defensa.

Pero la justicia boliviana no solo está desconociendo el trabajo indígena y la lógica de la propiedad territorial colectiva del ayllu (núcleo de comunidad al que pertenece el Tata Félix), sino que actúa acorde con la persecución judicial del gobierno de Evo Morales contra las organizaciones indígenas que rechazan o son críticos a las políticas capitalistas y desarrollistas que impulsa el gobierno. Desde su cargo en 2011 y 2012, Félix Becerra respaldó las demandas de los pueblos indígenas, como las grandes movilizaciones contra el proyecto petro-carretero a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS): “No apoyamos que la carretera pase por el Tipnis. Si es necesario una carretera pero esta no debe pasar por el Tipnis. El Gobierno debe cumplir la Ley Corta. El Gobierno intentó dividirnos. El Presidente debe cumplir su palabra” sostuvo en aquel momento.

En 2012 el Tata Félix se pronunció contra la detención de la ex autoridad de Conamaq, Tata Cancio Rojas. El Tata Cancio fue detenido cuando protestaba contra la explotación minera en Mallku Qota, su comunidad, contra el contrato que el gobierno de Evo Morales firmó con la transnacional canadiense South American Silver.


El Tata Félix afirma que lo único que ha hecho en su mandato a la cabeza de Conamq ha sido exigir el cumplimiento de los derechos que la Constitución Política de Bolivia les otorga y mantenerse independiente de los intereses partidarios: “soy neutral, no soy del MAS ni de la derecha. No soy de ningún partido político. Por eso estoy preso, no he robado ni un centavo, la administradora ha ejecutado. Estoy abandonado a mis hijos, tengo cinco hijos y estoy preocupado”.
En la entrevista radial con María Galindo, activista de Mujeres Creando, el Tata recordó que a un inicio de la primera gestión de Evo Morales, los hermanos indígenas le dieron todo su apoyo porque creyeron en su proyecto político: “Hemos apoyado desde el principio pero no como militantes, de todo eso algo que reconozca Evo Morales como hemos apoyado”.
“En 2006 hemos apoyado; hemos votado por el gobierno. Cuando estaba militando con cocaleros también estábamos apoyando”. Recordó en una de las marchas de Evo Morales que atravesó Tapacarí y donde se habían militarizado la zona, los quechuas ofrecieron cobijo al cocalero: “hemos ocultado bajo el catre a Evo Morales”, recuerda.

Indígenas condenados al olvido y a la extrema pobreza
“Yo hablaré como pueblo indígena. En mi territorio hasta el momento, en los territorios indígenas, no hay cambio. Nuestro producto lo vendemos más barato, nuestra papa, mientras ha subido el gas, el azúcar, ha subido alto el precio; porque Evo Morales permite que entre la papa peruana, papa transgénica. En nuestro territorio no tenemos procesadoras, podemos procesar galletas de chuño, te tarwi, pero seguimos en nuestro territorio en extrema pobreza”.
El Tata Félix Becerra, no solo cree que las comunidades indígenas están destinadas a la pobreza, sino que incluso sus aspiraciones de tener autonomía territorial indígena tuvieron un grave retroceso en la “era” Evo Morales: “El tema de las autonomías indígenas no avanza. Hasta ahorita que no avance, es que en el fondo los políticos de izquierda o derecha para ellos no conviene la autonomía indígena; ponen muchas trabas, no será el gobierno pero sus militantes, sus alcaldes ponen trabas a la autonomía indígena”.


Fuente: Territorios en Resistencia 

domingo, 10 de enero de 2016

¿DÓNDE ESTÁ TEODORO RUEDA, ALCALDE (HOY EX ALCALDE) DEL M.A.S., MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y FEMICIDA?


Teodoro Rueda, ex alcalde que cuando estaba en sus funciones violóy asesinó a una enfermera
Lucía Chucamani, enfermera en Pocoata, fue violada y encontrada muerta en diciembre del año 2013. Su femicida fue un -entonces- Alcalde de Pocoata, Potosí, y miembro del M.A.S. Movimiento Al Socialismo, coalición del Gobierno de Evo Morales. La Diputada Emiliana Aiza, también del partido de Gobierno le restó importancia al hecho, diciendo que los hombres entre cervezas cometen "errores", "son débiles"... 

Teodoro Rueda está libre, reporta radio Pío XII
Pocoata: Exalcalde acusado de feminicidio salió de la cárcel
X Erbol/ 26 Enero, 2015 
El exalcalde de Pocoata, municipio del norte de Potosí, Teodoro Rueda, fue liberado hace dos semanas de la cárcel de San Miguel de Uncía, donde guardaba detención preventiva, imputado por la violación y feminicidio de la enfermera Lucía Chucamani, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
Rueda presentó un memorial pidiendo su liberación acompañado de un informe forense. El documento acreditaría que el semen hallado en la mujer víctima no le pertenece, según una fuente de la emisora local.   
   
La Justicia, entonces, dictó medidas sustitutivas a la detención, por lo tanto, su salida de la cárcel.
Radio Pío XII intentó entrevistar sobre el tema a la fiscal departamental, Wilma Blazz, quien traslado la consulta al fiscal que atiende el caso, Trifón Romero. Éste, a su vez, indicó que Blazz instruyó reserva sobre este proceso.
El crimen se cometió en diciembre de 2013. Tras el delito, Rueda fue sacado de la Alcaldía y el año pasado algunos concejales decidieron que vuelva a su puesto. En el ínterin, su supo que el acusado había transado con la familia de la enfermera un pago de 9 mil dólares para que desistan de la demanda.
En mayo del 2014, el electo alcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue aprehendido y enviado a la cárcel de manera preventiva.

(Fuente: Erbol)

Femicida
Alcalde del MAS acusado de violación regresa a la cárcel
X El Día 22 de Mayo, 2014
La autoridad había logrado su libertad gracias a un acuerdo transaccional con la familia de la víctima, lo que es ilegal y retornó a su cargo apoyado por concejales de su partido. El caso generó indignación.
Jueves,   

El alcalde de Pocoata, Potosí, Teodoro Rueda Vásquez (MAS), luego de asumir su cargo por algunas horas tras la determinación de tres concejales en sesión del miércoles pasado, fue conducido este jueves nuevamente a la cárcel de San Miguel de Uncía donde estuvo detenido por el asesinato y violación de una enfermera en diciembre de 2013.

El fiscal de Distrito de Potosí, José Luis Barrios, informó que los vocales de la Sala Penal de Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Valderrama Berrios y María Isabel Vásquez Torrico fueron quienes revocaron la determinación del juez de la localidad de Colquechaca que decidió dejar en libertad a Rueda Vásquez en marzo de este año luego de que llegó a un acuerdo transaccional con la familia de la víctima.

"El día de ayer (miércoles) inmediatamente se ha tenido conocimiento, se ha tenido que actuar tanto el fiscal de Colquechaca como los investigadores para que en horas de la mañana se hubiese detenido al señor Teodoro Rueda Vásquez quien en este momento está siendo escoltado para poder nuevamente internado en el penal de Uncía", reportó la red ACLO Potosí.
El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda, fue suspendido en diciembre de 2013 tras ser imputado por el Ministerio Público por los delitos de la violación y asesinato de la enfermera Lucía Chucumani de 25 años, sin embargo luego de tres meses obtuvo su libertad tras llegar a un acuerdo con la madre de la víctima, a quien pagó 9.000 dólares.

La liberación del edil fue dispuesta por el juez Emilio Fonseca, de Colquechaca, quien determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva con el pago de una fianza de 6.000 bolivianos, la presentación a la Fiscalía cada 15 días a firmar un libro y arraigo.
La enfermera Lucía Chucumani fue encontrada sin vida el pasado seis de diciembre en el borde de una carretera de la localidad, luego de realizar la investigación se determinó que el autor del crimen fue la autoridad edil.
Credencial de Lucía Chucamani

(Fuente: El Día)

Rueda es restituido en su cargo
Aiza culpa a la cerveza por ‘error’ del alcalde de Pocoata
X  Martes, 20 Mayo, 2014 
Lucía Chucamani, enfermera en Pocoata, fue violada y encontrada muerta en diciembre del año pasado. Se sindicó como autor del hecho al alcalde de ese municipio potosino, Teodoro Rueda. La diputada Emiliana Aiza, representante del MAS en esa región, negó ejercer presión para restituir en el cargo a la autoridad, y relacionó el hecho a la debilidad de los hombres y mujeres en el consumo de “unas cervezas”.

“El alcalde fue democráticamente elegido, hasta ahí nosotros sabemos que hacía las gestiones bien, pero a veces pasa pues (los problemas), usted también es hombre y los hombres son débiles en la situación de la cerveza. Un compañero o una compañera no puede cometer de sano esos errores,  por tanto tiene la culpa la cerveza”, manifestó Aiza.

Los hechos detallan que el cadáver de Chucamani fue encontrado al costado de la carretera que une a esa región con la población de Llallagua. El burgomaestre fue destituido de su cargo tras conocerse la denuncia, aunque el juez de instrucción mixta Emilio Fonseca Herrera, ordenó su liberación la pasada semana y luego un cabildo apoyó su restitución como alcalde.
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, afirmó que en su momento el MAS tenía la razón cuando se incorporó a la Ley Marco de Autonomías la suspensión de una autoridad a sola denuncia, aspecto que luego fue declarado inconstitucional. Deploró lo que sucede en Pocoata e instó a las autoridades judiciales a actuar con severidad. 

“Cuando nosotros en la Ley Marco de Autonomías decíamos que cuando una autoridad apenas tenga una acusación formal debía ser suspendida, el Tribunal Constitucional declaró esa iniciativa como inconstitucional, pero se trata de alcaldes que han cometido algunos delitos y siguen ejerciendo sus funciones, ahora le compete pues al Tribunal de Justicia y al Ministerio Público sancionar a estos alcaldes”, manifestó Rojas.

La diputada oficialista, considerada “libre pensante”, Rebeca Delgado, afirmó que el poder prevalece antes que la justicia. Lamentó que se intentara tranzar el delito con nueve mil dólares y recordó que similares hechos se registraron con asambleístas del MAS en Chuquisaca y el legislador Justino Leaño. 

“Este Alcalde está acusado de feminicidio y eso es grave, pero ahí vemos el poder político, sigue siendo el mismo, machista, arbitrario, abusivo y las mujeres seguimos en la misma condición que estábamos antes. Solamente tenemos una Constitución colgada porque no hay leyes que protejan nuestros derechos y menos un sistema judicial”, indicó.
En la víspera, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, denunció “presión política” en el caso y anticipó que legisladores de la Comisión de Política Social se trasladarán al sector para recabar información.

Rueda volvió a su cargo
Según el reporte de la radio Pio XII de la Red ERBOL, Rueda finalmente volvió a su cargo, después de que tres de los cuatro concejales que sesionaron votaron en favor de su restitución, presuntamente olvidándose de lo que dijeron en días pasados, cuando se comprometieron a conseguir la documentación necesaria del caso para conocer la situación legal de la autoridad.
La sesión de los concejales de Pocoata terminó a las 14.00 de este martes y lo curioso es que entre los que votaron para el retorno de la cuestionada autoridad, está el mismo primo de la enfermera asesinada, es decir, el concejal Ezequiel Combata, quien fue el primero en denunciar el crimen.
La concejal Aurora Villalta confirmó que tres de sus colegas votaron en favor de Ruedas y ella se abstuvo porque no quiere ser responsable de ningún hecho. En cambio, en la sesión no estuvo presente el concejal Ismael Acarapi, el único que no es del MAS.
Villalta también afirmó que la víspera, algunos comunarios y seguidores de Rueda, les pidieron reconsiderar su decisión inicial. 

Fuente: Erbol

Informaciones de Archivo:
Envían a la cárcel por violación y feminicidio al Alcalde de Pocoata
X Luz Mendoza/La Razón/Enviado X Mujeres contra la Violencia
Potosí. Dos choferes también estarían implicados en los delitos.
Teodoro Ruedas Vásquez, alcalde  Pocoata, provincia Chayanta de Potosí, fue enviado a la cárcel de Uncía con detención preventiva por la violación y violenta muerte de la enfermera auxiliar Lucía Ch., de 25 años.
El fiscal Emilton Jara le imputó por los delitos de violación sexual y feminicidio, sancionado con 30 años de encierro. La audiencia cautelar se efectuó la mañana de ayer en el distrito de Colquechaca, informó a La Razón el mayor Celín Salas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Potosí.
Cerca de las 04.30 del viernes 6, el cadáver de la joven —que trabajaba en una posta de la comunidad de Sarijchi— fue encontrado a un lado de la carretera que une Pocoata y Llallagua. El examen forense estableció que Lucía Ch. fue abusada sexualmente y que una fractura en la base del cráneo le ocasionó la muerte.
Presión. “Según los indicios, se ha podido establecer que el autor sería el Alcalde”, dijo a la red televisiva ATB José Luis Barrios, fiscal del distrito de Potosí.  Ruedas Vásquez fue elegido alcalde en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El sábado 7, pobladores de ese municipio se movilizaron y bloquearon la carretera y los médicos y enfermeras de los puestos de salud se declararon en huelga exigiendo que se atrape a los culpables.
El cadáver de la enfermera fue enterrado el domingo, por sus familiares acompañados de una turba enfurecida. “La población quería hacer (justicia) por mano propia, los hemos tranquilizado”, explicó Barrios. Según la Policía, otras dos personas estarían implicadas en el crimen. Un funcionario de la Alcaldía pocoateña y otro de la posta donde trabajaba la víctima, ambos eran choferes.

Derecho al silencio
Declaración
El alcalde de Pocoata, Teodoro Ruedas, primero declaró como testigo, sin embargo, luego se acogió a su derecho de silencio ante las autoridades judiciales.
Apresan al alcalde de Pocoata por violación y feminicidio
La investigación y las evidencias obtenidas apuntan al ejecutivo municipal sobre lo ocurrido.

El cadáver de la enfermera fue encontrado a un lado de la carretera
El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, fue detenido preventivamente en la cárcel de San Miguel de Uncía como sospechoso de la muerte de la enfermera Lucía Chucamani, de 25 años.
La audiencia de medidas cautelares fue ayer, a las 11:30, en el juzgado de la localidad de Colquechacha por el presunto delito de violación y feminicidio. Así lo informó el fiscal departamental de Potosí, José Luis Barrios, para quien esta investigación continúa.
El cuerpo sin vida de la enfermera fue encontrado a un costado de la carretera que comunica a esa población con el municipio Pocoata-Llallagua, el 6 de diciembre del presente año.
“Realizada toda la investigación, recolecta de indicios y toma de declaraciones todo ha orientado que el supuesto autor es el alcalde de Pocoata, identificado como Teodoro Rueda Vásquez”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Celín Salas.
Una vez reportada la muerte de la enfermera Chucamani, el personal especializado de homicidios se ausentó a ese municipio con el fin de realizar la investigación respectiva, añadió.
Así, de acuerdo con la investigación, el caso apunta al funcionario ejecutivo del Movimiento Al Socialismo (MAS) como presunto autor del ilícito.

Según el médico forense, la causa de la muerte es por traumatismo encéfalo craneal grave, con fractura en la base de cráneo, además de que la víctima habría sido objeto de un acto sexual antes de que se produzca la muerte, dijo Salas.
Asimismo, el fiscal departamental, dijo que el Ministerio Público abrió de oficio la investigación y se llegó a la conclusión de que “el presunto autor habría sido el alcalde del municipio de Pocoata. Las primeras investigaciones han arrojado este extremo y –creemos de aquí para adelante– vamos a llevar adelante la investigación hasta su total esclarecimiento”.
“No estamos afirmando, pero todos los elementos que se ha podido encontrar señala que, con probabilidad, él hubiese sido el acto primordial, de todas maneras la investigación determinará cuál ha sido el grado de participación del alcalde”, complementó José Luis Barrios.

2do. CASO de feminicidio que se presenta en el Departamento de Potosí y que es investigado por la Policía como por la Fiscalía.

Movilización
Personal de salud y pobladores del municipio de Pocoata se movilizaron el viernes 6 de diciembre en esa jurisdicción municipal exigiendo el esclarecimiento de la muerte de la enfermera, Lucía Chucamani.

Algunos comunarios del lugar repicaron las campanas de la iglesia e indicaron que nadie podía salir del lugar hasta encontrar al responsable de esa muerte.
Así, una comisión de policiales de investigación se trasladó allá para indagar todo sobre la muerte de la enfermera.

Fuente: EJU

La autoridad había logrado su libertad gracias a un acuerdo transaccional con la familia de la víctima, lo que es ilegal y retornó a su cargo apoyado por concejales de su partido. El caso generó indignación.
X El Día/Jueves,  22 de Mayo, 2014

El alcalde de Pocoata, Potosí, Teodoro Rueda Vásquez (MAS), luego de asumir su cargo por algunas horas tras la determinación de tres concejales en sesión del miércoles pasado, fue conducido este jueves nuevamente a la cárcel de San Miguel de Uncía donde estuvo detenido por el asesinato y violación de una enfermera en diciembre de 2013.

El fiscal de Distrito de Potosí, José Luis Barrios, informó que los vocales de la Sala Penal de Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Valderrama Berrios y María Isabel Vásquez Torrico fueron quienes revocaron la determinación del juez de la localidad de Colquechaca que decidió dejar en libertad a Rueda Vásquez en marzo de este año luego de que llegó a un acuerdo transaccional con la familia de la víctima.
"El día de ayer (miércoles) inmediatamente se ha tenido conocimiento, se ha tenido que actuar tanto el fiscal de Colquechaca como los investigadores para que en horas de la mañana se hubiese detenido al señor Teodoro Rueda Vásquez quien en este momento está siendo escoltado para poder nuevamente internado en el penal de Uncía", reportó la red ACLO Potosí.
El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda, fue suspendido en diciembre de 2013 tras ser imputado por el Ministerio Público por los delitos de la violación y asesinato de la enfermera Lucía Chucumani de 25 años, sin embargo luego de tres meses obtuvo su libertad tras llegar a un acuerdo con la madre de la víctima, a quien pagó 9.000 dólares.

La liberación del edil fue dispuesta por el juez Emilio Fonseca, de Colquechaca, quien determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva con el pago de una fianza de 6.000 bolivianos, la presentación a la Fiscalía cada 15 días a firmar un libro y arraigo.
La enfermera Lucía Chucumani fue encontrada sin vida el pasado seis de diciembre en el borde de una carretera de la localidad, luego de realizar la investigación se determinó que el autor del crimen fue la autoridad edil.

Fuente: El Día 

Rueda es restituido en su cargo
Aiza culpa a la cerveza por ‘error’ del alcalde de Pocoata
X ERBOL/ 20 Mayo, 2014 
Lucía Chucamani, enfermera en Pocoata, fue violada y encontrada muerta en diciembre del año pasado. Se sindicó como autor del hecho al alcalde de ese municipio potosino, Teodoro Rueda. La diputada Emiliana Aiza, representante del MAS en esa región, negó ejercer presión para restituir en el cargo a la autoridad, y relacionó el hecho a la debilidad de los hombres y mujeres en el consumo de “unas cervezas”.

“El alcalde fue democráticamente elegido, hasta ahí nosotros sabemos que hacía las gestiones bien, pero a veces pasa pues (los problemas), usted también es hombre y los hombres son débiles en la situación de la cerveza. Un compañero o una compañera no puede cometer de sano esos errores,  por tanto tiene la culpa la cerveza”, manifestó Aiza.
Los hechos detallan que el cadáver de Chucamani fue encontrado al costado de la carretera que une a esa región con la población de Llallagua. El burgomaestre fue destituido de su cargo tras conocerse la denuncia, aunque el juez de instrucción mixta Emilio Fonseca Herrera, ordenó su liberación la pasada semana y luego un cabildo apoyó su restitución como alcalde.

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, afirmó que en su momento el MAS tenía la razón cuando se incorporó a la Ley Marco de Autonomías la suspensión de una autoridad a sola denuncia, aspecto que luego fue declarado inconstitucional. Deploró lo que sucede en Pocoata e instó a las autoridades judiciales a actuar con severidad. 
“Cuando nosotros en la Ley Marco de Autonomías decíamos que cuando una autoridad apenas tenga una acusación formal debía ser suspendida, el Tribunal Constitucional declaró esa iniciativa como inconstitucional, pero se trata de alcaldes que han cometido algunos delitos y siguen ejerciendo sus funciones, ahora le compete pues al Tribunal de Justicia y al Ministerio Público sancionar a estos alcaldes”, manifestó Rojas.
La diputada oficialista, considerada “libre pensante”, Rebeca Delgado, afirmó que el poder prevalece antes que la justicia. Lamentó que se intentara tranzar el delito con nueve mil dólares y recordó que similares hechos se registraron con asambleístas del MAS en Chuquisaca y el legislador Justino Leaño. 

“Este Alcalde está acusado de feminicidio y eso es grave, pero ahí vemos el poder político, sigue siendo el mismo, machista, arbitrario, abusivo y las mujeres seguimos en la misma condición que estábamos antes. Solamente tenemos una Constitución colgada porque no hay leyes que protejan nuestros derechos y menos un sistema judicial”, indicó.
En la víspera, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, denunció “presión política” en el caso y anticipó que legisladores de la Comisión de Política Social se trasladarán al sector para recabar información.
Rueda volvió a su cargo

Según el reporte de la radio Pio XII de la Red ERBOL, Rueda finalmente volvió a su cargo, después de que tres de los cuatro concejales que sesionaron votaron en favor de su restitución, presuntamente olvidándose de lo que dijeron en días pasados, cuando se comprometieron a conseguir la documentación necesaria del caso para conocer la situación legal de la autoridad.
La sesión de los concejales de Pocoata terminó a las 14.00 de este martes y lo curioso es que entre los que votaron para el retorno de la cuestionada autoridad, está el mismo primo de la enfermera asesinada, es decir, el concejal Ezequiel Combata, quien fue el primero en denunciar el crimen.
La concejal Aurora Villalta confirmó que tres de sus colegas votaron en favor de Ruedas y ella se abstuvo porque no quiere ser responsable de ningún hecho. En cambio, en la sesión no estuvo presente el concejal Ismael Acarapi, el único que no es del MAS.
Villalta también afirmó que la víspera, algunos comunarios y seguidores de Rueda, les pidieron reconsiderar su decisión inicial. 
Fuente: ERBOL

 Informaciones de Archivo:
Envían a la cárcel por violación y feminicidio al Alcalde de Pocoata
X Luz Mendoza/La Razón/Enviado X Mujeres contra la Violencia
Potosí. Dos choferes también estarían implicados en los delitos.
Teodoro Ruedas Vásquez, alcalde  Pocoata, provincia Chayanta de Potosí, fue enviado a la cárcel de Uncía con detención preventiva por la violación y violenta muerte de la enfermera auxiliar Lucía Ch., de 25 años.

El fiscal Emilton Jara le imputó por los delitos de violación sexual y feminicidio, sancionado con 30 años de encierro. La audiencia cautelar se efectuó la mañana de ayer en el distrito de Colquechaca, informó a La Razón el mayor Celín Salas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Potosí.
Cerca de las 04.30 del viernes 6, el cadáver de la joven —que trabajaba en una posta de la comunidad de Sarijchi— fue encontrado a un lado de la carretera que une Pocoata y Llallagua. El examen forense estableció que Lucía Ch. fue abusada sexualmente y que una fractura en la base del cráneo le ocasionó la muerte.
Presión. “Según los indicios, se ha podido establecer que el autor sería el Alcalde”, dijo a la red televisiva ATB José Luis Barrios, fiscal del distrito de Potosí.  Ruedas Vásquez fue elegido alcalde en representación del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El sábado 7, pobladores de ese municipio se movilizaron y bloquearon la carretera y los médicos y enfermeras de los puestos de salud se declararon en huelga exigiendo que se atrape a los culpables.
El cadáver de la enfermera fue enterrado el domingo, por sus familiares acompañados de una turba enfurecida. “La población quería hacer (justicia) por mano propia, los hemos tranquilizado”, explicó Barrios. Según la Policía, otras dos personas estarían implicadas en el crimen. Un funcionario de la Alcaldía pocoateña y otro de la posta donde trabajaba la víctima, ambos eran choferes.
Derecho al silencio
Declaración
El alcalde de Pocoata, Teodoro Ruedas, primero declaró como testigo, sin embargo, luego se acogió a su derecho de silencio ante las autoridades judiciales.
Apresan al alcalde de Pocoata por violación y feminicidio
La investigación y las evidencias obtenidas apuntan al ejecutivo municipal sobre lo ocurrido.

El cadáver de la enfermera fue encontrado a un lado de la carretera
El alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, fue detenido preventivamente en la cárcel de San Miguel de Uncía como sospechoso de la muerte de la enfermera Lucía Chucamani, de 25 años.
La audiencia de medidas cautelares fue ayer, a las 11:30, en el juzgado de la localidad de Colquechacha por el presunto delito de violación y feminicidio. Así lo informó el fiscal departamental de Potosí, José Luis Barrios, para quien esta investigación continúa.
El cuerpo sin vida de la enfermera fue encontrado a un costado de la carretera que comunica a esa población con el municipio Pocoata-Llallagua, el 6 de diciembre del presente año.
“Realizada toda la investigación, recolecta de indicios y toma de declaraciones todo ha orientado que el supuesto autor es el alcalde de Pocoata, identificado como Teodoro Rueda Vásquez”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Celín Salas.
Una vez reportada la muerte de la enfermera Chucamani, el personal especializado de homicidios se ausentó a ese municipio con el fin de realizar la investigación respectiva, añadió.
Así, de acuerdo con la investigación, el caso apunta al funcionario ejecutivo del Movimiento Al Socialismo (MAS) como presunto autor del ilícito.
Según el médico forense, la causa de la muerte es por traumatismo encéfalo craneal grave, con fractura en la base de cráneo, además de que la víctima habría sido objeto de un acto sexual antes de que se produzca la muerte, dijo Salas.
Asimismo, el fiscal departamental, dijo que el Ministerio Público abrió de oficio la investigación y se llegó a la conclusión de que “el presunto autor habría sido el alcalde del municipio de Pocoata. Las primeras investigaciones han arrojado este extremo y –creemos de aquí para adelante– vamos a llevar adelante la investigación hasta su total esclarecimiento”.
“No estamos afirmando, pero todos los elementos que se ha podido encontrar señala que, con probabilidad, él hubiese sido el acto primordial, de todas maneras la investigación determinará cuál ha sido el grado de participación del alcalde”, complementó José Luis Barrios.
2do. CASO de feminicidio que se presenta en el Departamento de Potosí y que es investigado por la Policía como por la Fiscalía.
Movilización
Personal de salud y pobladores del municipio de Pocoata se movilizaron el viernes 6 de diciembre en esa jurisdicción municipal exigiendo el esclarecimiento de la muerte de la enfermera, Lucía Chucamani.

Algunos comunarios del lugar repicaron las campanas de la iglesia e indicaron que nadie podía salir del lugar hasta encontrar al responsable de esa muerte.
Así, una comisión de policiales de investigación se trasladó allá para indagar todo sobre la muerte de la enfermera.

Fuente: EJU

FISCAL DEL CASO DE FEMICIDIO DE HANALÍ HUAYCHO HANNOVER DENUNCIADO POR EXTORSIÓN EN BOLIVIA

Imagen: Eju, Pat, TV y Prensa boliviana
POR SUPUESTO HECHO DE EXTORSIÓN
Fiscal que indagó el caso Huaycho fue denunciado
 X ERBOL/10 DICIEMBRE 2015
Harold Jarandilla, fiscal que llevó adelante la investigación sobre la muerte de la periodista Hanalí Huaycho, fue acusado de presunta extorsión después de que habría exigido el pago de 1.000 dólares por audiencia a un hombre sindicado de violencia psicológica.

La abogada Roxana Paz aseguró que su cliente, Adolfo Echavarría, fue extorsionado por Jarandilla para que éste le favorezca en una audiencia de cesación de detención preventiva que cumple en el penal San Pedro por supuesta violencia psicológica en contra de una mujer.

Ante esa situación, Echavarría y su esposa Jenny Mendoza denunciaron esa transferencia ilegal de su propiedad y el fiscal Jarandilla asumió la investigación del caso. Sin embargo, Jarandilla –según Paz– se parcializó con la parte acusada (es decir la cuñada) y supuestamente obstaculizó el proceso.

“Lo que pasa es que el fiscal (Jarandilla) está de amante con la doctora María Eugenia Quispe, la abogada de la cuñada de mi cliente. De eso hay fotos, hay videos, tenemos todas las pruebas, por eso nunca avanzó la investigación”, dijo.

Mientras se llevaba adelante este proceso, Echavarría y su cuñada tuvieron una discusión. En aquella ocasión, le habría llamado “empleada” a su
cuñada y ésta mujer luego habría presentado otra demanda contra su acusador pero por violencia psicológica.

Entonces “ahí está lo raro, porque solo por ese delito (de violencia psicológica) lo imputaron a mi cliente y a su esposa, luego lo metieron a la cárcel. Cuando mi cliente fue a hablar con el fiscal (Jarandilla), fue cuando él le pidió los 1.000 dólares por audiencia y como mi cliente no tenía dinero no le canceló (…) Después hubo una audiencia de cesación de detención preventiva en la que apenas logramos la liberación de la esposa de mi cliente, pero el fiscal Jarandilla ni asistió a la audiencia”, aseveró.

Ahora, Paz y sus clientes reúnen los elementos necesarios para formalizar la denuncia correspondiente contra el fiscal. Entre tanto, Jarandilla negó las sindicaciones.

“Es todo lo contrario, la abogada ha sido la que ha estado haciendo eso. No puedo explicar ahora porque estoy en un juicio, pero le puedo dar los documentos, lo que dicen es una falsedad, yo no voy a mentir en eso”, se limitó a decir en un breve contacto telefónico el fiscal.

Fuentes: Correo del Sur - Erbol

Laguna: Huaycho murió porque se filtró información
El abogado del Ministerio de Gobierno restó importancia a las declaraciones de Laguna y Marcelo Soza, dijo que sólo eran “pataleos de delincuentes”
X Agencias/ 4 de Octubre de 2014
El jefe de seguridad de Marcelo Soza, José Laguna, denunció ayer que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores.

Por su parte, el abogado del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, dijo que ese despacho no incurrirá en apología del delito y afirmó que tanto Soza como  Laguna deben dar la cara en Bolivia, “por extorsionar a los imputados por terrorismo”.

Laguna, desde su refugió en Brasil en un contacto con Erbol, explicó que Clavijo, como miembro de la Utarc (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.

“Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y lo respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione  de alguna manera”, manifestó.

Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil hace dos semanas porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones de Soza. 

“Bueno son pataleos de delincuentes que fugaron al vecino país de Brasil para evadir la justicia, de donde salen a decir una serie de mentiras relacionados al caso terrorismo, levantando el nombre de las autoridades del Estado”, afirmó el abogado del Ministerio de Gobierno.

Sin embargo, el abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, afirmó que iniciará un proceso penal contra el Estado, puesto que se habría revelado que su asesinato fue planificado por el Gobierno. 

Llamadas y pagos

Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta del Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.

Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su domicilio en donde se confirma sus aseveraciones.

Laguna ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, incluso él.

Libran mandamiento de aprehensión contra Laguna

El Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz resolvió ayer ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el oficial de policía Juan José Laguna, quien nuevamente no se presentó a la audiencia que se había señalado con anterioridad.

La jueza Ana Gloria Rojas Flores dictaminó el mandamiento de aprehensión contra Laguna y a la vez fijó el 10 de octubre como fecha para otra audiencia a realizarse en el penal de Palmasola. En la misma se resolverá la  situación de la detenida Ana Claudia Arruda, también denunciada por supuestos hechos de extorsión.

Los fiscales que llevan el caso de Laguna son Rose Mary Barrientos y Cándido Blanco, quienes ayer se negaron a realizar declaraciones; empero, según adelantó la fiscal del distrito, Marina Flores, los pasos procesales deben seguir su curso a través de instancias nacionales a fin de repatriar al acusado.

Como es de conocimiento público el oficial Juan José Laguna huyó del país a mediados de septiembre y el 25 de ese mismo mes obtuvo su documento de refugiado en Brasil. Ahora, tal y cual lo mostraron las últimas entrevistas concedidas a medios nacionales, el policía está viviendo en Campo Grande, ciudad que es parte del gran Matto Grosso do Sul.

Fuente: Los Tiempos, Nacional

Cierran caso de Hanalí Huaycho porque arguyen que el autor está muerto
ATB Red Nacional/9 de septiembre 2014